La Audiencia Provincial juzgó ayer en Eivissa a un constructor palmesano que se ha visto procesado (enfrentándose a ocho años de cárcel) después de que un cliente con el que terminó asociado le acusara de haberse apropiado de 38 millones de pesetas para construir una vivienda en la zona conocida como Can Toni des Truy, en el municipio de Sant Josep. La casa sigue sin terminarse.
La representación legal de la presunta víctima, como ya informó este periódico, le acusa de haber abusado de la confianza de dicha persona y de haber utilizado su dinero para otros negocios inmobiliarios e, incluso, para costear todos los emolumentos de la firma. «Es como si alguien compra un traje en una sastrería y el dueño quiere que pague todos los gastos de la tienda», dijo gráficamente la abogada del denunciante en la vista.
El fiscal, por contra, solicitó su absolución al no ver indicios delictivos en su actuación y considera que ambos firmaron un presupuesto no cerrado cuyo primer importe se fue elevando por distintos motivos y que el promotor estuvo siempre al corriente de cómo iban los trabajos. Ayer, en medio de toda esta historia, denunciado y denunciante sacaron a relucir tópicos no ajenos a la 'crónica negra' de la construcción: maletines con dinero sin declarar y promesas para futuros proyectos (entre ellos la edificación de la sede del Colegio de Médicos de Eivissa) y gracias a grandes influencias y contactos políticos.