La nueva reforma penal acabará con situaciones como la de un conductor ibicenco que tendrá que sentarse en el banquillo de nuevo por un delito contra la seguridad del tráfico pese a que en repetidas ocasiones se le ha privado del derecho a llevar un vehículo a motor, decisiones judiciales de las que, según demuestran los hechos, no ha hecho ningún caso.
El sospechoso lleva ya condenas que le impiden conducir durante cuatro años y ahora volverá a enfrentarse a la petición de otro año más de privación. La citada reforma contempla penas de prisión por conducir bebido y por quebrantamiento de condena, delitos para los que hasta hoy sólo hay, como mucho, arrestos de fines de semana.
El acusado de este caso responderá en los próximos días en un juzgado de lo penal de la isla después de que en febrero de 2000, y teniendo expresamente retirado el carnet de conducir, se viera implicado en una colisión en Sant Antoni con el ciclomotor en el que iban dos menores, que resultaron heridos.
El siniestro ocurrió a las nueve y media de la noche en el camino vecinal que une Can Guillamó con Can Ramonet. Además, según los cargos que hay contra él, éste presuntamente invadió el carril de forma imprudente. Los dos chicos que se vieron afectados por la colisión precisaron posteriormente atención sanitaria y convalecencia para curarse de sus lesiones.
El acusado no iba en ese momento bebido, pero sí conducía en estado ebrio las otras cuatro ocasiones que merecieron sentencias condenatorias y en las que en las tres últimas también incumplió las respectivas sentencias de prohibición de ponerse a los mandos de un vehículo a motor.
Estos son las antecedentes que pesarán contra él en esta nueva causa, aparte del quebrantamiento de condena ya que, por todo ello, tiene el permiso retirado desde 2001 hasta 2005. Este tiempo de privación del derecho a conducir se puede ver aumentado con un año más si el juez que debe dirimir en este proceso vuelve a condenarlo.
Según la información recogida por este periódico, en caso de que el acusado recibiera una nueva sentencia condenatoria, la pena de privación para conducir que se fije se sumará al tiempo que ya se había establecido en anteriores decisiones judiciales. El fiscal, además de una nueva condena de un año de retirada de carnet, reclama al acusado el pago de multas por un coste cercano a los 9.000 euros.