El acuerdo judicial se materializó ayer en el juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa después de que la acusada, una mujer que realizó tareas administrativas para la antigua Cámara Oficial de Propiedad Urbana hasta que esta entidad se transformó en el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), reconociera explícitamente un proceder irregular que le permitió disponer indebidamente de 164.376 euros.
La decisión, con el acuerdo entre las partes, se adoptó teniendo en cuenta que la propia imputada colaboró con la Justicia y reintegró la mayor parte del dinero que se apropió una vez que todo quedó al descubierto, agilizando el proceso.
Dicha persona, que aceptó una pena de dos años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos, a instancias del Tribunal de Cuentas, devolvió al Ibavi 100.279 euros. El acuerdo judicial que suscribió le obliga también ahora a responder civilmente con el resto de la cantidad consignada y que restaba por reintegrar: 64.096 euros.El caso, que se llevaba por la Ley del Jurado, pasa ahora a la Audiencia, tribunal que finalmente formalizará la sentencia y la condena.
La investigación judicial, para aclarar este asunto, tuvo que remontarse a 1995, cuando la acusada realizaba tareas de auxiliar administrativa en la antigua Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. Desde esta fecha, y tras convertirse dicha entidad en la Cambra de la Propietat Urbana de les Illes Balears para luego finalmente transformarse en el Ibavi, hasta bien avanzado 2001, tuvo la responsabilidad de recaudar la finanzas constituidas por los arrendadores con motivo de la celebración de contratos de alquiler urbanos sobre fincas de dicha naturaleza.
Según la investigación judicial, dicha persona fue disponiendo durante todo este tiempo ilícitamente de distintas cantidades de las que hacía uso.
Ella, asimismo, se encargaba de devolver el importe de las fianzas que eran canceladas con otras nuevas que eran depositadas. Todo esto se realizó sin que hubiera una contabilidad precisa.