La víctima de este accidente, un hombre de 62 años, pereció en el hospital como consecuencia de las graves heridas sufridas después de que un conductor novel le arrollara cuando la víctima, al parecer, se disponía a cruzar la carretera de Sant Antoni. El siniestro ocurrió el 6 de diciembre de 2002, el día de la Constitución, cerca del cruce de Can Tomàs, en las proximidades de una parada de autobús y a plena luz del día, ya que se produjo poco después del mediodía.
El conductor implicado circulaba a una velocidad adecuada pero, según un informe de Tráfico, lo lógico hubiera sido que hubiera logrado detener por completo el coche en el que iba, que tampoco era de su propiedad, en un espacio próximo a los 15 metros anteriores al lugar donde se hallaba el peatón.
Todo esto al entenderse que el conductor debía haber frenado a una distancia de 66 metros antes del impacto. Para este informe Tráfico tuvo en cuenta distintas variables que se aplican en cálculos de este tipo con las huellas recogidas en el lugar del siniestro y las declaraciones de los testigos. Dichas conclusiones son completamente ajenas a la situación de la víctima en la calzada, circunstancia que se valora no interfirió en la reacción del conductor.
El fallecido dejó cinco hijos, uno de ellos menor de edad, familia que, además, tenía a su cuidado a la madre de la víctima. El informe forense también acreditó que la muerte sobrevino por las graves lesiones craneales, que le provocaron una hemorragia cerebral. El caso fue visto en un juicio, con una duración de más de ocho horas, ante el juzgado de Primera Instancia número 1 de Eivissa después de que los representantes legales de la familia, los abogados Liliana Yélamos, Iván Couselo y Àngel Martín, pleitearan contra la compañía de seguros al considerarse que los afectados tenían derecho, según lo recogido por este periódico, a una indemnización que ronda los 360.000 euros, cerca de 60 millones de pesetas, por lo ocurrido.