El traslado de fondos en los furgones blindados de las empresas de seguridad privada se llevan a cabo siguiendo estrictos y rigurosos procedimientos en los que se combinan distintas tecnologías para impedir que se pueda sustraer sin ser detectada cualquier cantidad de dinero.
La propia empresa Prosegur, que denunció ante la Guardia Civil la sustracción de sus furgones blindados de 308.000 euros en Eivissa en un caso que ha motivado la detención de un vigilante de esta firma, constató irregularidades en al menos dos ocasiones, hechos que motivaron una investigación interna y problemas laborales para dos de sus empleados distintos al hombre que fue detenido la semana pasada.
La investigación que realizó la Guardia Civil precisamente ahondó en la posibilidad de que se estuvieran dando una combinación de factores de los que se estuviera aprovechando una persona con información privilegiada. Todas las fuentes consultadas por este periódico manifestaron que la rigurosidad de estos procedimientos hace prácticamente imposible la sustracción de dinero en el traslado de las sacas en furgones blindados. Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Palma, sin embargo, señalaron a este periódico que se detectó un pequeño error en un sistema de por sí muy estricto y que al investigarse esta cuestión los agentes de Policía Judicial se toparon con la probabilidad de que el sospechoso de tres 'mordidas' en los furgones de Prosegur se beneficiara de fallo -cuya naturaleza no ha trascendido- para sustraer dinero sin que éste pudiera aparecer como sospechoso. Los agentes comenzaron a partir de aquí una compleja y discreta labor de investigación -cuyos pormenores tampoco han trascendido- contemplando también que la persona que se había llevado el dinero también se aprovechara de la confianza que tenía con las personas que en cada ocasión debían de custodiar los fondos que se entregaban en los furgones para su transporte y posterior entrega en otros destinos.
Los agentes siguieron esta pista al menos desde el pasado verano hasta que el pasado miércoles, con supervisión judicial, se decidió detener a Lucio Manuel del Valle, presidente de la Asociación de Vigilantes de Seguridad y quien, como informó ayer este periódico, se encuentra en libertad bajo una fianza de 6.000 euros después de declarar en el juzgado. Los agentes s intervinieron en la operación de 92.030 euros cuya procedencia también investiga ahora el juzgado.
El sospechoso aseguró ante el juez que todo este dinero procedía de negocios limpios y que su familia estaba por completo al margen de cualquier cuestión. Entre los más próximos a Del Valle se inquiere, incluso, que el vigilante hubiera sido víctima de una 'encerrona' de su propia empresa vistas sus malas relaciones por distintas cuestiones, entre ellas las sindicales.