El fiscal Manuel Campoy volvió a solicitar ayer en un juicio donde se dilucidaba si se cometió algún delito durante la construcción de unas viviendas en la isla que el acta del juicio sea puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria. Todo ello, después de que, como ocurrió la semana pasada en otro caso similar, varios testigos reconocieran durante la vista que estaba recibiendo dinero en negro.
La petición fiscal tuvo lugar en un juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa en el que se sentó el responsable de una obra que en 1998 se realizaba en Ca na Punta de es Faralló y al que se acusa de haberse apropiado de 15.615 euros en un plazo de tres meses. El representante del ministerio público retiró al final del juicio los cargos contra el sospechoso, quien dijo ser arquitecto técnico de la obra, al considerar que existían dudas razonables sobre la acusación que se le imputaba a dicha persona. El promotor que se sintió perjudicado y que emprendió acciones legales, sin embargo, pide a través de su abogado una pena de cuatro años de prisión para quien fuera su hombre de confianza.
El otro caso que motivó por parte del fiscal una iniciativa similar tuvo lugar, como ya informó este periódico, después de que un constructor de la isla, que en su día fuera acusado por su ex socio de apropiarse de 26 millones de pesetas, llevara al banquillo a éste último al banquillo por una supuesta denuncia falsa, proceso por el que se piden dos años de prisión.