«Ilegalizar la prostitución callejera es empujar a estas mujeres a las garras de los proxenetas»

«La represión no acaba con la prostitución, lo que hace es empeorar las condiciones de trabajo de estas mujeres y arrojarlas a las garras de protectores, que se convierten en sus proxenetas. Es exactamente la misma actitud que llevaron a cabo las autoridades durante el franquismo». Esto es lo que piensa Cristina Garaizábal, portavoz del Colectivo de Defensa de los Derechos de las Prostitutas (Hetaira), acerca de la iniciativa del Ayuntamiento de Sant Antoni de crear una ordenanza municipal para, expresamente, ilegalizar la prostitución callejera, considerada como una actividad comercial sin licencia. Emulando al municipio de Calvià, 30 municipios de Balears gobernados por el PP quieren introducir en sus leyes esta nueva ordenanza con el fin de quitar a las prostitutas de la calle. Al parecer, estos municipios se han animado a raíz de una sentencia dictada contra una prostituta nigeriana, condenada a pagar una multa de 40 euros por desacato, ya que fue advertida en tres ocasiones por la policía -de paisano- de que no podía practicar la prostitución en la calle, informó el concejal de Policía de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, que en agosto se fue a Calvià a estudiar el asunto. No obstante, el municipio de Eivissa ya intentó el año pasado sin resultados retirar a las prostitutas -casi todas africanas- de las calles de ses Figueretes aludiendo al mismo argumento, es decir, que no se puede practicar una actividad comercial en la calle sin licencia. «Nos parece terrible y de dudosa legalidad, porque ejercer la prostitución nunca es ilegal. Yo no sé si los ayuntamientos tienen potestad para ilegalizar su ejercicio en la calle». destacó ayer Garaizábal desde su despacho de Hetaira, que es el colectivo no religioso de ayuda a la prostitución más importante del país. «Combatir la prostitución de calle desvela una doble moral: no se quiere ver la prostitución, les molesta, pero no tienen problema para que sean explotadas en locales cerrados, donde no las ven», criticó. «Parece que sí tienen cosas en contra de que ejerzan sin intermediarios y capten a su clientela por la calle. El tipo de sanciones que plantean [los ayuntamientos del PP en Balears] no solventa los problemas de convivencia que a veces crea la prostitución de calle. Las administraciones tienen que sentarse con vecinos y prostitutas para crear espacios al estilo de los barrios rojos de Amsterdam y París. Todo lo demás es poner parches y esconder la cabeza debajo del ala y favorecer que aparezcan las mafias», advirtió la portavoz de Hetaira. «Si una prostituta tiene riesgo de ser sancionada, necesita a alguien que le ayude, que es lo que pasaba durante el franquismo. A todo esto le rodea un tufo represivo y autoritario muy conocido por todos», añadió.

En la isla, en temporada, las zonas de prostitución callejera más destacadas son el barrio de ses Figueretes de Eivissa y el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni. Allí trabajan prostitutas dependientes de proxenetas y algunas otras que son autónomas, que no practican esta profesión todo el año y que no quieren acabar en manos de los propietarios de los clubs de alterne de la isla o de las mafias. Una salida que no han barajado los ayuntamientos es la conocida como solución escandinava, que consiste en penar al cliente.