Más de una década después de los hechos, los tres acusados de estafa por once proveedores de una obra de Sant Antoni se sentaron en el banquillo de los acusados frente a los magistrados de la Audiencia Provincial. En total, los once proveedores reclaman siete años de cárcel a cada uno de los tres acusados y a la Caixa, como responsable civil subsidiaria, la cantidad de 923.000 euros más los intereses, lo que podría duplicar la cifra.
«No queremos el dinero para hacernos una casa ni para nada, sólo para pagar las deudas que nos quedaron por su culpa», explicó uno de los perjudicados en los pasillos de los juzgados. Los proveedores no cobraron su trabajo en el edificio Paraíso Mediterráneo, en la calle Cervantes de Sant Antoni, porque la empresa promotora se declaró en quiebra.
Según la acusación, este proceso de quiebra, que ellos consideran doloso, aún está siendo estudiado judicialmente. El fiscal no formuló ninguna preguntas a los acusados en el juicio de ayer. De hecho, el fiscal no advierte indicios de delito en la actuación de ninguno de los tres acusados. Indignados por este motivo, los perjudicados protestaban en los pasillos: «Alguien [en referencia a los acusados] se quedó mucho dinero y se construyó con él una mansión, que por supuesto no está a su nombre. Si los declaran inocentes, proliferarán los granujas: según vaya la ley, se hacen o no las cosas».