Un vecino de la zona conocida anteriormente como el Club Robinson de Cala Vedella denunció ayer que otras tres familias de este complejo, investigado en su día por la Guardia Civil después de que se denunciara una supuesta estafa inmobiliaria, se van a quedar en la calle después de que una de las promotoras se haya desentendido de su situación y se les haya avisado de que se les va a cortar el agua y la luz de obra de los que actualmente disponen.
El comunicante informó que, en su caso, la supuesta estafa se eleva a una montante próximo a los 180.000 euros. «Ahora no sabemos lo que vamos a hacer», explicó dicha persona a este periódico.
Hasta la fecha, varias fuentes han señalado que ya hay cerca de 40 personas afectadas por supuestas operaciones fraudulentas llevadas a cabo en la venta de pisos reformados y por las que se denunció a la Inmobiliaria Salinas, con sede en la avenida Ignacio Wallis de Vila. Agentes del Equipo de Delincuencia Urbanísticas (EDU) de la Guardia Civil de Balears detuvieron al director de una sucursal bancaria y a un responsable de la citada inmobiliaria tras recogerse un total de 27 denuncias en las que se hablaba de una posible estafa cercana a los ocho millones de euros. La mayor parte de los perjudicados dijeron contra con residencia en Eivissa y Mallorca, aunque también se han registrado casos en Barcelona y Valencia, entre otros lugares de la Península.