J.M.A.
Una mujer de origen iraní propietaria de una residencia en Roca Llisa, S.D.K., se confesó ayer autora de los delitos de desobediencia y contra la ordenación del territorio por los que estaba acusada por el ministerio público en relación con una serie de obras ilegales que realizó en la vivienda entre 2006 y 2009, ya que sólo tenía licencia para realizar reformas en un muro exterior de la casa.
Las partes alcanzaron un acuerdo y la juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Ramírez de Arellano, condenó a la mujer a seis meses de prisión por la desobediencia y otros seis más por el delito contra la ordenación del territorio, más una multa de 2.700 euros y la obligación de derruir todas las obras que realizó de forma irregular, así como limpiar un torrente en el que se vertió el escombro de los trabajos anteriores.
Los hechos objeto de juicio ocurrieron en la finca Cascalero, en Cala Espart, en Roca Llisa. Vecinos de la mujer avisaron al Ayuntamiento de Santa Eulària de que se estaban realizando obras sospechosas. En 2006 la mujer construyó terrazas en su parcela, cascadas de agua, para lo que realizó rebajes del terreno, hizo obras bajo la piscina y una caseta para la caldera y la depuradora.
Pavimentación
Al año siguiente pavimentó la entrada a la vivienda y continuó con los trabajos bajo la piscina y la terraza. Ya para entonces la Alcaldía había emitido dos decretos de paralización de las obras, el 20 de febrero y el 25 de marzo. Posteriormente, emitió otro dos, el 13 de julio de 2008 y el 29 de marzo del mismo año. Algunas obras se pararon, pero otras siguieron adelante.
En un principio, la zona era terreno urbano, pero en 2007 el decreto 1/2007 de 23 de noviembre ya impedía otorgar licencias de obra y en 2008 pasó a estar protegido con la figura de Àrea Natural de Especial Interés (ANEI). Además, parte de las obras se realizaron sobre la zona verde de cesión al Ayuntamiento.
En 2008, la mujer construyó una terraza exterior, un almacén exterior de dos plantas de 20 metros cuadrados y una caseta de madera de 12. Aunque las obras se precintaron en 2006 y 2007, continuaron adelante y parte de los escombros se vertieron en un torrente de Cala Espartar.
A prisión si no elimina lo edificado
La juez ha condicionado la suspensión de la pena de prisión a la demolición de que todo lo que se construyó de forma ilegal. Para realizar los trabajos de demolición, la mujer tiene que obtener una licencia del Ayuntamiento de Santa Eulària. La condenada también tendrá que limpiar todo el escombro que se vertió en el cauce del torrente de Cala Espart.