Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) detuvieron ayer en Eivissa, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y en el marco de la denominada Operación Trueno, a dos empresarios, Fernando Ferré Cardó, de 66 años, que dirige el Grupo Playa Sol (GPS), el de mayor número de camas de Eivissa (al menos 17.000 plazas), y su hijo Fernando Ferré Garnacho, de 30, por los presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo y falsedad documental en sus negocios hoteleros.
Según informó la Jefatura Superior a través de un comunicado de prensa, la Agencia Tributaria inició la investigación hace unos meses al detectar un supuesto fraude fiscal, por lo que solicitó colaboración al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, en el marco de estas pesquisas, aparecieron unos supuestos delitos de blanqueo y falsedad documental.
La Operación Trueno ha sido coordinada por la Fiscalía Anticorrupción (que ha contado con la participación de investigadores de Hacienda), cuyos componentes se han desplazado expresamente a la Isla, y se inició en su fase operativa ayer por la mañana con la detención de los dos empresarios.
Durante todo el día de ayer se llevaron a cabo sendos registros domiciliarios, en Sant Jordi y Vila, y se incautó numerosas documentación. Las sede de GPS fue «precintada» y ayer permanecía custodiada por agentes de policía en espera de que, en las próximas horas, se inicie el registro de estas instalaciones. Todos los indicios apuntan a que los sospechosos se estaban deshaciendo de parte de la documentación más comprometedora, hecho que obligó a desencadenar la actuación policial bajo la supervisión del juez Santiago Pinsach, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa.
Se trata de una operación de gran envergadura que, previsiblemente, se prolongará a lo largo de varias jornadas más y que puede tener ramificaciones inesperadas. No se descartan, además, nuevas detenciones.
Ferré estaba hasta ahora pendiente de saber si la Fiscalía de Eivissa lo volvía a acusar de, supuestamente, montar una empresa ficticia en Chequia para eludir pagos a la Seguridad Social. Una estimación del ministerio público cifra en 120.000 los euros defraudados correspondientes a un centenar de trabajadores afectados.
Reacciones
La situación de Ferré ha provocado una honda preocupación en el sector turístico y en el ámbito político. En declaraciones a Radio Ibiza-SER, el presidente de la Federación Hotelera, Juanjo Riera, mostró máxima prudencia ante las detenciones e indicó que las prácticas de GPS han «dañado» a Eivissa, entre otras cosas por «su competencia agresiva en precios». También remarcó que tiene numerosos hoteles con orden de cierre que no se han llegado a cumplir nunca por estar recurridas en los tribunales. También el conseller de Política Empresarial i Activitats, Joan Serra Mayans, pidió en esta emisora «prudencia» y aseguró que supone un «duro golpe» para la economía de la isla por ser el grupo hotelero que cuenta con más camas.
Tranquilidad
La directora insular de la Administración del Estado en Eivissa y Formentera, Sofía Herranz, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de las empresas de Fernando Ferré al asegurar que no se prevé el cierre de ninguno de los hoteles gestionados por este grupo empresarial, aunque no quiso revelar ningún detalle de la investigación al hallarse bajo el secreto de sumario.
Eso sí, reconoció la trascendencia del operativo en marcha, que calificó de «de gran envergadura». Según apuntó, las investigaciones realizadas hasta el momento justificaban la puesta en marcha del operativo desplegado ayer.
Sofía Hernanz, además, se reunió por la tarde con empresarios del sector, que le expresaron su preocupación por el hecho de que la operación se haya producido en el inicio de la temporada turística, cuando puede tener una gran repercusión en la imagen de la isla.
La directora insular les explicó que las circunstancias han obligado a actuar de manera inmediata al producirse «incumplimientos flagrantes» de la ley. «Cuando se levante el secreto sumarial se comprobará que se hacía absolutamente necesario intervenir ahora. Entonces se verá la naturaleza y envergadura de las pruebas y se verá que no había otro remedio», señaló. También les recordó que este tipo de actuaciones se hacen, precisamente, en defensa de aquellos empresarios que sí cumplen con sus responsabilidades fiscales y legales.
Condenado a dos años
Un acuerdo judicial entre el fiscal, los abogados, afectados y acusados consiguió, en noviembre del año pasado, una condena de dos años de cárcel que quedaba en suspenso, multas que sumaban los 15.600 euros e indemnizaciones que alcanzaron los 79.000 por haber empleado a un numeroso grupo de trabajadores ilegales en las reformas que realizaba en los hoteles San Remo y S'Estanyol. Podían haber sido diez años por delitos tipificados como contra el derecho de los trabajadores y amenazas que le habían sido imputados tras una espectacular redada en la que las fuerzas del orden hallaron a los inmigrantes ilegales.