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Piden diez años para un acusado de violar a una mujer en un hostal de Sant Antoni

La denunciante logró zafarse de su presunto agresor y dejarlo encerrado en la habitación

| Sant Antoni |

El español A.G.I., de 35 años de edad, se sentará el viernes en el banquillo de los acusados para responder por una acusación de violación por la que el Ministerio Público solicita diez años de prisión. El juicio lo celebrará en Eivissa la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Los hechos que se dirimirán el viernes ocurrieron sobre las tres de la madrugada del 31 de julio del año pasado. Según consigna el Ministerio Público en su escrito de acusación, A.G.I., «movido por sus lujuriosos y libidinosos deseos, en el Hostal Los Cisnes [en la calle Vara de Rey de Sant Antoni], accedió al interior de la habitación número 201 sin autorización de la moradora, mientras ésta se hallaba en el baño del pasillo».

«A continuación», apunta la acusación pública, «cuando ésta regresó a la habitación se encontró al acusado, el cual le espetó que quería que ella fuera su novia y, al recriminarle el hecho de encontrarse en la habitación, el acusado la agarró fuertemente de la mano retorciéndole los dedos, mientras le profería que 'él ha matado a mucha gente, que si la mata no pasa nada, que es una puta'».

Después «la agarró por el cuello diciéndole que se tumbara en la cama [porque] 'la quería follar', le tapó al boca con la mano (...) y se puso sobre ella, la agarró nuevamente del cuello, inmovilizándola, y le introdujo el pene en la vagina». La mujer opuso resistencia, según el Ministerio Público, y comenzó a gritar, «momento en que el acusado se quitó de encima de ella», lo que posibilitó que ella lograra zafarse y salir corriendo de la habitación encerrando dentro al acusado, que, al parecer, pudo ser detenido por este motivo.

A consecuencia de esta presunta agresión sexual, la mujer sufrió arañazos en el cuello y las axilas.

Además de un delito de agresión sexual, el Ministerio Público imputa a A.G.I. un delito de allanamiento de morada. También se solicita la prohibición de aproximarse o comunicarse con su supuesta víctima durante cuatro años y una indemnización de 10.000 euros.

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