El director de la cárcel de Eivissa, Manuel Vega, ha tenido que pasar esta semana por los juzgados de Eivissa. Y lo ha tenido que hacer en calidad de imputado. Supuestamente quiso favorecer a un preso conflictivo ‘perdiendo' un expediente interno que informaba de una agresión de este recluso a otro en un suceso ocurrido en 2009. El caso ya coleaba desde que en su día trascendió que había sido denunciado por ello y que la Fiscalía investigaba si esta situación podría derivar en diligencias por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.
‘Chota'.
Una buena parte del misterio quedó resuelta esta semana, con la comparecencia de Vega en el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa. Vega reconoció ‘ciertas' irregularidades en la tramitación de este expediente. Todo ello, quizás tras verse entre la espada y la pared, y confesar que el susodicho recluso era un confidente suyo. Vamos, lo que en el argot carcelario se llama chota. Este recluso, un argelino que cumplía condena por tráfico de drogas, ya no se encuentra en la cárcel de Eivissa. Se ignora si sigue ejerciendo como ‘chota' en alguna otra prisión del territorio español.
Pintan bastos.
La figura de confidente, o de chivato, nunca ha estado bien vista, y mucho menos para un recluso. Pero parece ser que era una buena baza para Vega a fin de ver lo que ocurría dentro de los muros, y no sólo con los reclusos. Durante dos años el director de la cárcel ha guardado silencio sobre este asunto. Ni siquiera quiso hablar a su salida del juzgado cuando los periodistas le preguntaron por este asunto. Quizás tenga que hacerlo en un banquillo. La juez ha dado por concluida la instrucción el caso y ahora Vega se enfrenta a que se pida el trámite de apertura de juicio oral. Pintan bastos para el responsable penitenciario. No sólo el fiscal puede presentar ya cargos , sino que también puede hacerlo (y lo normal es que lo haga) la acusación pública.
Pintan bastos.
Y aún pueden ponerse peor las cosas para el director, quien no se ha granjeado precisamente las simpatías de parte de los funcionarios, si fructifican al menos otras dos denuncias interpuestas contra su persona, al parecer también por presunta prevaricación, y sobre las que debe pronunciarse la Audiencia. Y para hacerlo todo más complicado, uno de los imputados por el caso del recluso conflictivo, un educador, también es sospechoso de acusar sexualmente a una reclusa. Ante tal panorama, quizás sea lícito que los propios presos se pregunten a sí mismos que en qué manos están. Otra vez el mundo al revés. Cosas del sistema.