El juez José Espinosa (Linares, 1948) aborda en esta entrevista los que a su juicio son algunos de los principales problemas de la Justicia en España en general y en Eivissa en particular, así como las leyes del jurado y de violencia sobre la mujer.
Tiene el despacho completamente desbordado. Su rostro asoma entre pilares de expedientes y documentos mientras un trasiego de funcionarios no cesa de interrumpir la entrevista con los asuntos del día. «Resuelves un asunto y te llegan otros dos», explica. El linarense José Espinosa Lozano, a cargo del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa desde 1999, es un juez experimentado que considera que ha llegado el momento de decir en público lo que piensa.
-¿Cuándo tomó posesión en su juzgado en Eivissa?
-En julio de 1999. Había entonces en Eivissa seis juzgados de Primera Instancia e Instrucción, dos de lo Penal y uno de lo Social. Actualmente, cuatro de Primera Instancia, cuatro de Instrucción, dos de lo Penal, uno de lo Social y uno de Violencia sobre la Mujer.
-¿Cómo ve la evolución de la Justicia desde 1999 hasta la fecha?
-Con carácter general, a nivel de toda España, la evolución es negativa. Tenemos, desgraciadamente, una Justicia no comprendida, farragosa, costosa y que no le da al ciudadano la respuesta que necesita. Tal vez lo peor sea la gran lentitud. Con carácter local los problemas se agigantan en Eivissa.
-¿Cuáles son, a su juicio, las causas de todos esos males?
-Es un conjunto de factores. Lo primero, que muchas leyes dan la espalda a la realidad. Se pretende tener un proceso supergarantista de los derechos -en especial del imputado, ya que no tanto de la víctima- como reacción a los procesos anteriores a la democracia. Ello conlleva un enorme coste para el erario público y, sobre todo, una gran dilación. A título de ejemplo, el proceso penal, cuya reforma total se hace inaplazable, se rige por la ley de enjuiciamiento criminal, publicada en 1882. La fase instructora permite interponer recursos de reforma, que resuelve el juez de instrucción, y de apelación, que resuelve la Audiencia Provincial.
En los delitos complejos, en especial en los de tipo económico -ladrones de ‘guante blanco'- cuesta trabajo desenmarañar la ‘ingeniería financiera', esto es, sociedades inexistentes creadas para simular facturas o para blanquear dinero, etcétera. Suelen intervenir abogados de bufetes prestigiosos y es frecuente el bombardeo de recursos, a veces no justificados, con propósito únicamente dilatorio. Así, es fácil encontrar en trámite asuntos del año 2006 o 2007, o incluso de antes, que ocupan diez, doce tomos, a veces más, tres mil páginas, cuatro mil páginas...
-¿Qué reformas acometería para salvar esta situación o al menos para paliarla?
-Ideas hay muchas. Unas se intentan llevar a la práctica, otras están solo en los comentarios. Así, la nueva oficina judicial, la supresión de los juzgados unipersonales que se sustituirían por tribunales de instancia, la reconversión de partidos judiciales en partidos provinciales, la instrucción penal a cargo de los fiscales... Particularmente, me quedaría con esta última, pues sobre este asunto también España es diferente, a diferencia de los demás países, en los que el fiscal dirige la investigación y la policía trabaja para él, quedando el papel del juez, antes del juicio, reducido a garante de los derechos esenciales -entradas y registros, intervenciones telefónicas, autos de prisión-. En España la investigación la lleva el juez, que tiene que adivinar qué pruebas le interesarían al fiscal, de tal manera que el juez puede practicar pruebas que el fiscal considere innecesarias para el juicio, o no practicar pruebas que el fiscal crea importantes.
[El ya exministro Francisco Caamaño anunció una reforma en este sentido, es decir, encaminada a que fueran los fiscales, y no los jueces de instrucción, los encargados de dirigir las investigaciones penales, pero con el adelanto de las elecciones generales y el cambio de gobierno el asunto ha quedado suspendido y, por ahora, se desconocen las intenciones al respecto del nuevo partido gobernante].
-¿Qué opina de la aplicación de la Ley del Jurado en España?
-Que, copiada de otras legislaciones extranjeras que tienen una tradición de la que nosotros carecemos, supone en la práctica la ‘desaparición' de algunos delitos y el despilfarro económico y el absurdo en otros. Si bien parece lógico que el jurado en casos de homicidios, en los que la valoración de las pruebas no resultaría muy difícil, en supuestos como malversación de caudales públicos el jurado puede verse en dificultades para entender balances, cuentas en ‘B', etcétera... Hay casos, como los allanamientos de morada, que difícilmente se juzgan desde que existe la Ley del Jurado, pues para una prueba esencial y rápida constituir todo un jurado es un derroche económico innecesario.
Además, en Eivissa, los asuntos de jurado se juzgan en Palma, lo que supone el desplazamiento durante días de abogados y fiscal, pago de dietas a éste, alejamiento del entorno familiar...
-¿Qué le pediría a los políticos, a los ciudadanos y a la prensa?
-A los primeros, que recuerden que la Sanidad, la Enseñanza y la Justicia son los pilares básicos del Estado de Derecho, que los recortes en estas materias agravarán el malestar social, y que hagan las reformas urgentes que se precisan. Al ciudadano, que sepa que los asuntos judiciales pueden pasar por muchas manos -abogados, procuradores, funcionarios del juzgado, peritos, secretario judicial, fiscal...- antes de que el juez resuelva. Que, por supuesto, puede haber errores, que muchas veces precisan reformas, y, sobre todo, que el colapso y masificación de asuntos no es ocasional sino habitual, y que, pese a los esfuerzos, lamentamos el descontento que se genera.
A la prensa, que agradezco que sirva para trasmitir al ciudadano todo esto. Que, como medio poderoso, continúe haciendo llegar al lector el día a día, pero que, por favor, evite errores informativos que puedan dañar la imagen, errores que yo ya he sufrido en alguna ocasión. [El juez podría referirse con este comentario a un error que recientemente se cometió en este diario al publicar que Espinosa reclama al ex secretario de los socialistas pitiusos Roque López y al abogado Andrés Tuells una indemnización de 800.000 euros por los presuntos delitos de calumnias y acusación y denuncia falsa, cuando en realidad la cantidad que reclama es de 450.000 euros y, en caso de que no se estime la existencia de calumnias, la cantidad reclamada sería de 350.000 euros].
«La carencia de abogados de oficio causa grandes esperas y dilaciones»
-¿Cuáles son los males específicos de la Justicia en Eivissa?
-Además de los males generales, ya expuestos, la carencia de abogados del turno de oficio, dos en invierno y tres en verano, para atender a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, a varios cuarteles de la Guardia Civil, al juzgado de guardia, al de Violencia sobre la Mujer, a los demás juzgados... Lo que obliga a grandes esperas y dilaciones. Otro problema es la falta de estabilidad de los funcionarios, con periodos a veces largos sin cubrir las plazas vacantes, por ausencia de interinos. En cuanto a la carencias del edificio de la Avenida Isidor Macabich, prefiero no hablar.
-¿Qué opina sobre los juzgados de Violencia sobre la Mujer?
-Que son únicos en nuestro entorno cultural, ya que en otros países europeos no existen como tal. La idea puede ser buena, pero la experiencia demuestra que lo que se intentaba evitar -muerte o lesiones graves de mujeres- no se ha logrado. Por otra parte, lo que se podría resolver en una tarde, como por ejemplo en el juzgado de guardia, se desdobla en dos juzgados si es en fin de semana, de tal manera que la víctima tiene que comparecer en el juzgado de guardia y luego en el juzgado de Violencia sobre la Mujer, y recordar y sufrir dos veces por los mismo. Podría decir más cosas, pero sería mi compañero titular del juzgado especial el más adecuado para ello.