«Debido a las actuales restricciones presupuestarias y con el fin de racionalizar el gasto, se participa a esas Jefaturas Superiores que, hasta recibir nuevas instrucciones, se abstengan de utilizar los servicios de intérpretes que habitualmente se utilizan para la asistencia a detenidos, en las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano. Lo que se traslada para su cumplimiento en el ámbito de su demarcación territorial». Este es el contenido íntegro y textual de la circular que ha remitido el Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino Sánchez, al jefe superior de l Cuerpo Nacional de Policía de Balears, Antonio Emilio Jarabo de la Peña.
Se trata de una medida que afecta, de manera muy especial, a los archipiélagos y zonas turísticas. De hecho, a partir de ahora y hasta nueva fecha, las oficinas de denuncias (ODAC) de Platja de Palma, oeste, Jefatura Superior de Simó Ballester, aeropuerto de Palma, Manacor, Ciutadella, Maó y Eivissa no contarán con este servicio.
En la Isla, el Cuerpo Nacional de Policía tiene como ámbito de actuación el muncipio de Eivissa, mientras que el resto son jurisdicción de la Guardia Civil.
Sin lugar a dudas, las comisarías del aeropuerto de Son Sant Joan y la de Platja de Palma son las más afectadas y donde habitualmente se utiliza el mayor número de estos servicios. Es más, la temporada pasada, sólo en la comisaría de Platja de Palma, más de 50 por ciento de los arrestados eran extranjeros.
La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre el colectivo de funcionarios que, durante toda la jornada de ayer, no daban crédito a la normativa remitida por el DAO.
A partir de ahora los agentes se plantean algunas preguntas: ¿Quién traducirá las declaraciones de los detenidos? ¿Será legal detener a un ciudadano extranjero y privarle del derecho fundamental del intérprete que marca el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
A todo ello hay que sumar que el servicio telefónico de traducción, hace unos meses, quedó suspendido. Ahora, los policías quedan desamparados.