El Parlament balear instó ayer al Ministerio de Justicia a dotar a la Audiencia Provincial de suficientes recursos para garantizar que los magistrados y personal judicial se desplazarán a Eivissa y Menorca a celebrar juicios. La comisión de Asuntos Institucionales y Generales aprobó por unanimidad una proposición no de ley planteada por el PP en la que se demanda al ministerio que dirige Alberto Ruiz Gallardón que «preserve un adecuado funcionamiento de la administración de justicia que evite discriminaciones».
En la iniciativa también se plantea que el desplazamiento a Eivissa y Menorca evita «gastos innecesarios a los administrados y profesionales de la justicia por razón del hecho insular».
Críticas
La proposición no de ley, defendida por el diputado ibicenco del PP Miguel Jerez, plantea en la exposición de motivos que «la audiencia Provincial está dejando de celebrar juicios en Eivissa» al parecer «por falta de recursos para cubrir los desplazamientos de los magistrados y funcionarios».
Desde el TSJ han asegurado varias veces que la Audiencia Provincial no ha dejado de desplazarse a Eivissa, aunque en los últimos meses se han celebrado en Palma varios juicios de casos referentes a las Pitiüses, de forma que acusados, abogados y fiscales deben desplazarse hasta la capital balear para la realización de la vista oral. Esta situación ha generado críticas principalmente entre los abogados, que en algunos casos, sobre todo en letrados que actúan de oficio, han llegado a costearse el viaje y la estancia para no dejar desatendido a su cliente, que tendría que ir a juicio con un nuevo letrado.
No obstante, la Audiencia sigue desplazándose a Eivissa de forma ocasional. De hecho, esta semana las magistradas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial se encuentran en Eivissa para juzgar a los 17 detenidos de la operación Tristán, ejecutada en octubre de 2010 por los especialistas de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas.