Casi treinta personas de dos presuntas tramas que se dedicaban a introducir y comerciar con droga en Eivissa han sido absueltas por la Audiencia Provincial de Palma desde que comenzó 2013. Primero fueron siete presuntos miembros de una organización que fueron denunciados por introducir cocaína desde Perú y Ecuador, y después, el pasado 28 de febrero, los 21 acusados de formar parte de una banda relacionada con la Camorra napolitana.
En ambos casos la Audiencia ha justificado su decisión afirmando que las escuchas telefónicas aprobadas por juzgados de instrucción de la Isla no podían ser tenidas en cuenta en los enjuiciamentos. Sin embargo, aunque el argumento es el mismo, el error es distinto en cada caso.
Según la abogada Cristina Molina, encargada de la defensa de 10 de los 21 detenidos dentro de la ‘Operación Dragone', el problema estuvo en el oficio que presentaron al juez los Equipos contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Eivissa para ser autorizados a pinchar los teléfonos. «Todo lo basaron en un chivatazo que recibieron sobre las actividades de un ciudadano italiano en Eivissa que tenía un alto poder adquisitivo, un coche de alta gama y salía todas las noches de fiesta a pesar de no ir nunca a su negocio», explica.
[Lea todos los detalles de la información en la edición impresa o en Kiosko y Más]