El director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio, Ricardo Conde Díez, aclaró ayer que «no se va a modificar ni cambiar de sitio ni un solo edificio judicial», lo que supone que seguirán funcionando los que actualmente están en marcha. Conde se refirió a este asunto en una conferencia de prensa en Mallorca, donde mantiene encuentros para conocer la situación de la Administración de Justicia en Balears, al ser consultado sobre la posibilidad de la supresión de los juzgados de Eivissa Inca, Manacor, y Menorca en la Islas, que estaría prevista en el proyecto de ley de planta y demarcación judicial.
Conde explicó que este proyecto, elaborado en el marco de la reforma de Justicia del Gobierno central, proponía agrupar partidos judiciales, lo que generó mucha polémica, por lo que ahora se trabaja en un texto alternativo, que «suprime la totalidad de los partidos judiciales y configura un solo partido, que sería la provincia».
«Desde el Ministerio estamos intentando dejar bien claro que no se va a modificar ni cambiar de sitio ni un solo edificio judicial; es decir, que todos los que están ahora en funcionamiento seguirán funcionando», incidió.
La preocupación de Justicia, dijo Conde, es que «el modelo que finalmente adopte el Ministerio esté dotado de la suficiente elasticidad como para poder dar soluciones óptimas a cualquier parte del territorio nacional con independencia de razones geográficas».
«Gestión distinta»
«Otra cosa es que ese proyecto a nivel procesal permita una gestión distinta del reparto de asuntos, pero eso no implica que se vaya a cambiar ningún edificio a corto o medio plazo», precisó. Conde se reunió con los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Balears, cuyo presidente, Antonio Terrasa García, agradeció su presencia por «tomar el pulso ‘in situ’» de la situación en las Islas, y se mostró convencido de que este encuentro permitirá que en un futuro los recursos judiciales para el archipiélago «sean más ajustados a las necesidades reales». El representante del Ministerio de Justicia mostró especial preocupación por la situación del Juzgado de lo Penal número 8 de Palma, con cuyos magistrados y secretarios, también mantiene un encuentro, ya que este es el órgano responsable de ejecutar todas las sentencias penales, por lo que lleva varios años desbordado. «Estamos estudiando soluciones que permitan afrontar o intensificar esos refuerzos», indicó.
Conde aseguró que el Ministerio intenta en Balears «hacer un especial esfuerzo» en la dotación de recursos en vista de que es una de las comunidades que no tiene las competencias de Justicia transferidas, por lo que los recursos personales y económicos dependen del Estado.
Baleares «tiene una peculiaridades que no se nos escapan a nadie, en especial la insularidad y una fuerte carga de trabajo. Es una exigencia el estar en contacto permanente para poder dotarla de los recursos suficientes para el buen funcionamiento de la Administración de la Justicia», señaló Conde.
En relación a la modernización informática, el representante del Ministerio apuntó que, a pesar de que ya ha entrado en funcionamiento una nueva versión del sistema operativo «que ha dado ciertas soluciones no las que nos gustaría a todos», aún se espera una valoración definitiva de la situación por parte del equipo enviado por el Ministerio que la semana pasada realizó una inspección de los equipos de los juzgados en Balears.
Antes de la rueda de prensa, una veintena de jueces del archipiélago se concentraron durante cinco minutos a las 12,00 horas ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears por la muerte por infarto de un magistrado en los juzgados de Madrid.
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo y coordinador de Jueces para la Democracia en Balears, Gabriel Fiol, reclamó medios médicos en los juzgados en el edificio del Tribunal, ya que actualmente no cuentan con ningún recurso de atención sanitaria para situaciones de emergencia.
«Que nos pongan las medidas adecuadas. No tenemos los medios para afrontar estas dificultades», reivindicó.
Los abogados contra el proyecto
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Illes Balears (ICAIB) se mostró el martes partidaria de mantener todos los juzgados de la comunidad autónoma. El Colegio de Abogados «defiende el mantenimiento de todos y cada uno de los juzgados de la Islas». Esta postura no se basa sólo en el hecho insular y la realidad poblacional que presentan las Islas, sino también en la convicción de que el ciudadano precisa y merece una justicia próxima y cercana, explicó el ICAIB. Además, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados consideró que la propuesta de reforma de ley de demarcación y planta judicial es demasiado ambigua e inconcreta.
El máximo órgano de gobierno de la corporación colegial insta al Ministerio de Justicia a concretar los términos del proyecto y, en su caso, a aclarar el destino y uso previsto de los juzgados actualmente existente en las Islas.