La Fiscalía de Eivissa ha archivado la denuncia interpuesta en febrero por el sindicato Alternativa Sindical de Eivissa contra el Ayuntamiento de Sant Antoni por la contratación del servicio de agentes cívicos al considerar que «no existen indicios suficientes de la comisión de los delitos de prevaricación e intrusismo profesional».
El Consistorio de Portmany siempre ha sostenido la legalidad y necesidad de contratar este servicio porque los agentes cívicos no realizan funciones de seguridad privada.