La Fiscalía considera que los dos guardias civiles acusados de torturas y lesiones por agredir en 2009 a un detenido en el cuartel de Sant Antoni merecen una «condena severa», por lo que al término del juicio en la Audiencia de Palma ha pedido sendas penas de 5 años y medio de prisión.
La fiscal del caso ha sostenido en sus conclusiones finales que, pese a que niegan haber tocado a la víctima y se señalan mutuamente como responsables de la agresión, ambos participaron en la paliza al detenido junto con otros agentes, entre ellos algunos de los que han declarado para acusar a uno de los procesados y exculpar al otro.
«Todos los agentes que han depuesto tenían el objetivo claro de proteger a su compañero» J.R.R.G. y «de perjudicar al otro acusado», V.B.G., ha incidido la representante del ministerio público, que ha agregado que si pudiera también acusaría a esos testigos.
Los cuatro agentes que han declarado hoy, igual que otros que testificaron en la primera jornada del juicio el pasado día 2, han señalado a V.B.G. como autor de la agresión y han situado a J.R.R.G. lejos de los calabozos en que sucedieron los hechos, pero cuando dio su versión, la víctima identificó sin dudarlo a ese segundo acusado como el que le pateó la boca.
En estos relatos contradictorios se han basado los abogados defensores de los guardias juzgados para sostener que resulta imposible, como ha hecho la Fiscalía, mantener la acusación contra los dos.
El letrado de J.R.R.G. ha subrayado que el testimonio de la víctima no tiene peso por sí solo para condenar a su cliente porque trataba de protegerse de la imputación de atentado contra la autoridad por resistirse a su detención, mientras que el defensor de V.B.G. ha destacado que no hay declaraciones solventes contra su defendido y que los relatos en su contra están concertados.
La acusación particular, que solo se dirige contra el guardia civil identificado por la víctima, reclama la misma condena por torturas y lesiones de la Fiscalía y le agrega las acusaciones de detención ilegal y falsedad en documento oficial, por lo que ha formulado una petición total de condena de 13 años y medio.
Los cuatro testigos de hoy han coincidido, con ligeros matices, en que J.R.R.G. no introdujo personalmente a la víctima en la celda de los calabozos tras detenerle en la madrugada del 11 de octubre de 2009 y que posteriormente supieron, aunque en ningún caso lo vieron, que V.B.G. golpeó en la boca y le hizo saltar un diente.
Todos han destacado que el otro acusado ni siquiera se encontraba en el cuartel, donde esa noche se celebraba una fiesta en vísperas de la patrona del instituto armado, y varios han coincidido en que V.B.G., que estaba fuera de servicio, alardeó en los días posteriores de haber roto la boca al detenido.
El presidente del tribunal, que también lo es de la Audiencia, Diego Gómez Reino, ha pedido a uno de los testigos aclaraciones sobre los movimientos que realizó esa noche el único guardia que ha declarado en el juicio haber visto la agresión por parte de V.B.G., lo que ha suscitado quejas del defensor del otro acusado.
En su informe final, la fiscal ha modificado la solicitud inicial de responsabilidad civil para que los acusados indemnicen a la víctima, que ha cifrado en casi 18.000, frente a los poco menos de 3.000 que planteaba en su escrito original.
La acusadora pública ha puesto el acento en que los presuntos torturadores actuaron por «voluntad de venganza» al conocer que el detenido, a quien no se había registrado, había llamado por teléfono a su esposa desde el calabozo, y ha recalcado también que los hechos se produjeron en un contexto en el que se llevaba a cabo una fiesta en la que se consumía alcohol.
La fiscal ha sostenido que la versión de la víctima es verosímil, mientras que las de los imputados presentan «lagunas y contradicciones», y que por los hechos puestos de manifiesto en la vista los dos acusados pudieron haber participado al mismo tiempo en la paliza.
El defensor de J.R.R.G. ha manifestado que «es imposible materializar un relato condenatorio incluyendo a ambos acusados» y que contra su cliente «solo existe la declaración del perjudicado, que no tiene los requisitos de veracidad, verosimilitud y pertinencia» exigibles.
El letrado de V.B.G. ha coincidido en que «la sala solamente puede optar por uno o por otro» y ha reprochado a la fiscal que haya mantenido la acusación pese a la inconsistencia de los testimonios contra él.
Los dos acusados han intervenido al final de la vista para negar su participación en los hechos, V.B.G. de forma breve y serena y J.R.R.G. leyendo una extensa declaración exculpatoria entre sollozos.