El fiscal asignado al llamado caso Alvia, Antonio Roma, pide para el único imputado, el maquinista Francisco José Garzón Amo, una pena de cuatro años de prisión y, en el ámbito estricto de la responsabilidad civil, que indemnice a los afectados por un importe de 42.898.962 millones.
El escrito de acusación, que este martes se ha presentado ante el juzgado de instrucción número tres de Santiago, contempla la solicitud de apertura de juicio oral contra el acusado, al que se considera autor de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 144 delitos de lesiones.
El Ministerio Público demanda asimismo para Garzón Amo, que manejaba el tren que el 24 de julio de 2013 descarriló a la altura del compostelano barrio de Angrois, la inhabilitación especial para la profesión de maquinista de ferrocarriles por un período de seis años.
El acusado presta sus servicios laborales para Renfe desde el 2 de diciembre de 1982, hasta la actualidad -aunque ya no conduce-, y obtuvo la categoría profesional de maquinista jefe de tren en el área de larga distancia el 19 de diciembre de 2010.
En el apartado de responsabilidad civil, por fallecimiento, lesiones y daños, el fiscal Antonio Roma solicita la indemnización mencionada, y con responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora, QBE Insurance, y con responsabilidad subsidiaria de Renfe Operadora.
El Ministerio Público apunta que con carácter previo al tramo en el que ese convoy tendría que haber visto reducida su velocidad, Garzón Amo mantuvo una «conversación extensa y relativa a una circunstancia que no implicaba urgencia» de 100 segundos, atendiendo una llamada del interventor de a bordo, Antonio Martín Marugán.
Se pone de manifiesto, asimismo, que en las inmediaciones de A Grandeira, donde se produjo el accidente, Garzón Amo debía «concentrar su atención» por tratarse del final de la línea y por la reducción de velocidad, algo no hecho en supuesto «quebranto de las mínimas reglas de atención y profesionales» que son exigibles.
El juez Andrés Lago dio por concluida la instrucción de esta causa con un único imputado, Garzón Amo, y con el exceso de velocidad como motivo de ese siniestro, independientemente de que la seguridad pudiese ser mejor, algo que no se considera objeto de depuración en el ámbito penal.
Antes, hubo exoneraciones de miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y de distintos responsables de la seguridad en la circulación.