El director de la cárcel de Eivissa se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación

«Volvería a actuar de la misma manera porque mi actuación fue impecable en todo momento. Si hubiese llevado adelante el expediente sí que habría prevaricado porque los hechos no eran ciertos». Así de categórico se mostró ayer el director de la prisión de Eivissa, Manuel Vega, durante su declaración ante el tribunal que los juzga por un delito de prevaricación. El Ministerio Fiscal solicita una pena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, condena que la acusación particular eleva hasta los 10 años.
Los hechos que empezaron a ser juzgados ayer se remontan a junio de 2009. Según el relato, Manuel Vega y el entonces subdirector, Francisco López, ordenaron y ejecutaron la eliminación de un expediente disciplinario contra un interno al que se le había abierto un pliego de cargos «por haber agredido a otro preso».
Vega respondió durante algo más de una hora y media a las preguntas formuladas por la Fiscalía, la acusación particular y la abogada del Estado que ejercía la defensa. Tras subrayar estar en «total desacuerdo» con la acusación, explicó que él se enteró de los hechos ocurridos el 9 de junio de 2009 al día siguiente, en el despacho de asuntos que hace cada mañana con el jefe de servicio. «Leí el informe, observé que había muchas contradicciones y le dije al subdirector que lo anulase». La defensa aportó fotografías para «corroborar las contradicciones». Según relató, desde la oficina donde estaba el funcionario que observó la agresión de un reo a otro «es materialmente imposible ver nada». Los hechos ocurrieron a las 19,10 horas. El agredido señaló que estaba esperando para cortarse el pelo pero los horarios de barbería son de 17 a 19 horas . Añadió que la víctima no fue trasladada al médico hasta las 20 horas «cuando no hay ni 20 metros entre un lugar y otro. Es insólito», remarcó Vega, quien añadió que el agredido no presentaba ningún hematoma y que «días atrás ya había sido atendido por un dolor en el oído». El director del centro penitenciario subrayó una contradicción más: «si era una agresión calificada de muy grave por qué no tomaron declaración de testigos ni separaron de módulos a los dos implicados». Además, Vega hizo hincapié en que el pliego de cargos no tenía sus dos firmas reglamentarias. Después llegó el turno del otro acusado. Francisco López negó las acusaciones y declaró que él fue quien ordenó a un funcionario que anulase el expediente porque «los hechos no estaban claros». López ordenó que se anulase pero el expediente apareció después como sobreseído. Este hecho fue otro punto de discordia entre la acusación y la defensa.
Denuncia por prevaricación
La versión de la decena de trabajadores que declararon ayer por estos hechos difiere notablemente de la de los acusados. Uno tras otro destacaron su sorpresa al comprobar que el preso motivo del expediente fue trasladado al módulo de destino, a la cocina, lo que entendieron como un premio. Aseguraron que el funcionario que denunció la agresión sí que la podía ver desde su puesto. Meses después, una parte del expediente 48/09 apareció en una fotocopiadora y llegó a manos de Jesús Irrure, quien denunció los hechos ante la Fiscalía. Apuntó que la credibilidad del funcionario que vio los hechos estaba fuera de duda y que denunció el caso porque «se trataba de un preso muy peligroso». Además, señaló que el director apuntó que Ali Mansour «era su confidente». Otro funcionario, poseedor de una mención honorífica por su trabajo, denunció haberse «sentido vejado» por el director ya que inició una investigación contra él basándose en una falsedad de Ali Mansour.