La Guardia Civil mantiene abierta la investigación por el fatal incendio que el pasado domingo acabó con la vida de un hombre paraguayo de 48 años residente en un asentamiento chabolista en Casa Lola, en el municipio de Sant Josep. Según informó la Benemérita este martes, la investigación continúa con todas las hipótesis abiertas y no se descarta la vía criminal ya que existen indicios de que podría haber sido intencionado.
Los hechos
A primera hora del pasado domingo se declaró un incendio en una chabola de la controvertida finca conocida como Casa Lola, propiedad de la empresaria Paquita Ordóñez ‘Marsan’. Este incendio provocó un herido grave: un paraguayo de 48 años de edad que ingresó con el 90% de su cuerpo calcinado en la UCI de Can Misses. Pasadas las 17.00 horas del domingo falleció debido a la gravedad de sus heridas.
En la parcela donde estaba la chabola podían verse este pasado domingo todos los enseres calcinados, algunos de los cuales sobrevivieron a las virulentas llamas. No lo haría así la estructura de la infravivienda, que sería consumida totalmente por las llamas. Contiguamente a esos restos calcinados, había también una bombona de butano, hasta la cual llegaron las llamas, y que podría haber provocado que la desgracia fuera aún mayor. A su vez, en el interior del asentamiento también se acumulan montones de residuos, junto a maderas y electrodomésticos viejos.
Cero sorpresa
Este trágico suceso con resultado de muerte no ha sorprendido a los vecinos cercanos a la polémica finca de Casa Lola, que este lunes relataron en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera que lo ocurrido «era cuestión de tiempo» y que «no ha sido ninguna sorpresa». Según explicó, los vecinos llevan meses alertando de distintos problemas relacionados con el asentamiento y reclamando una solución.
«Hemos llamado más de 1.000 veces a la Policía Local por distintas razones: por fiestas con música alta, porque nos roban el agua o la electricidad, por incendios en el campo, porque tiran cables entre la vegetación… y nos dicen que no pueden hacer nada», relata.
El vecino sostiene que la presencia de construcciones precarias, bombonas de butano y conexiones improvisadas incrementa la sensación de inseguridad en una zona que, recuerda, se encuentra próxima a masa forestal.
«Vivir aquí es como vivir en una anarquía en la que solo nos podemos ayudar entre nosotros», afirma. Según su relato, incluso se habría producido la entrada de personas del asentamiento en viviendas del entorno. «Lo único que nos ha dicho la Policía es que nos busquemos perros para que vigilen nuestra casa», asegura.
Largo historial
La muerte de este pasado domingo no constituye el primer episodio grave ocurrido en torno al asentamiento. Durante el mes de julio, la Policía Local de Sant Josep detuvo a una persona como presunta autora de delitos de lesiones y violencia de género después de una intervención por una agresión en el interior del asentamiento. Una de las personas implicadas sufrió quemaduras provocadas por gasolina.
En mayo, además, un hombre procedente de una vivienda ocupada de la zona protagonizó un episodio que llevó a la Guardia Civil y a la Policía Local a intervenir después de que entrara en varias viviendas del vecindario mientras sus residentes se encontraban en el interior. En una de ellas llegó hasta el dormitorio de un matrimonio mientras un bebé dormía en una habitación contigua.
Los vecinos también han denunciado conexiones ilegales a las redes de agua y electricidad. En junio, residentes de la zona aseguraron que habían sorprendido a ocupantes de Casa Lola utilizando agua de sus propiedades y explicaron que habían mantenido reuniones con responsables municipales y policiales para trasladarles su preocupación.
En este punto es preciso recordar que la finca, propiedad de Paquita Marsan, se convirtió en asentamiento después de que en 2022 fueran demolidas las construcciones ilegales de la antigua villa de lujo. Durante los últimos meses se han ido levantando chabolas y otras construcciones precarias en el terreno.
La denuncia
Precisamente en torno a la situación judicial de la finca circula entre algunos vecinos una versión que, según uno de los residentes consultados, resulta especialmente relevante. «Por el vecindario se habla de algo, un rumor que de ser cierto podría ser interesante: al parecer el abogado de Paquita Marsan solo ha denunciado la ocupación del terreno, pero en ningún caso ha pedido el desalojo», afirma. Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida de forma tajante por el representante legal de la propietaria. «Esta afirmación es completamente falsa», asegura. Según explica, «hace tres meses que se puso una denuncia ante el juzgado por usurpación y se solicitó la medida cautelar de desalojo inmediato».
El representante legal señala que en esa solicitud se expusieron «los riesgos que existen por el medio ambiente, por la propiedad y por las personas, tanto las que viven allí como los vecinos». «Por eso se ha pedido el desalojo inmediato», recalca.
La propiedad sostiene que ha hecho «todo lo que está en sus manos» para poner fin a la ocupación, pero considera que ahora la decisión corresponde a los tribunales. «La pelota está en el tejado de los juzgados, que en tres meses no han resuelto nada», afirma el abogado, quien añade que este mismo lunes se ha puesto en contacto con el Decanato para reclamar que se agilice la tramitación.
Según explica, la denuncia debería haber tenido «en teoría, en un término de 15 o 30 días» un señalamiento de juicio, pero han transcurrido tres meses «sin ninguna noticia al respecto».