Ramon Gironès, excuñado de Jordi Pujol Ferrusola, y Laura Sagnier, esposa de su hermano Josep, se han negado a declarar ante el tribunal que juzga a la familia del expresidente catalán por el origen de la fortuna oculta en Andorra, acogiéndose a su derecho a no testificar contra un familiar.
Ambos parientes de los Pujol estaban citados este lunes como testigos ante la Audiencia Nacional, que juzga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a sus siete hijos, así como a una decena de empresarios a quienes la Fiscalía acusa de pagar las supuestas comisiones ilegales con las que la familia amasó los fondos de Andorra.
Ramon Gironès, que estuvo imputado en el caso pero finalmente exculpado, es hermano de Mercè, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola que también se sienta en el banquillo, acusada de participar en la trama con la que según el ministerio público el primogénito de los Pujol cobraba comisiones ilegales de empresarios enmascaradas como labores de asesoramiento e intermediación a través de empresas sin plantilla ni actividad real.
Dispensa de declarar
Gironès fue nombrado en 2004 administrador único de Activa Translation, una de esas empresas con las que según las acusaciones Pujol Ferrusola y su entonces esposa vehiculaban el cobro de las comisionbes ilegales, y fue apoderado de una de las cuentas con las que operaba otra de esas sociedades investigadas.
El testigo, sin embargo, no ha permitido aclarar la facturación y actividad de esas sociedades, ya que en cuanto ha comparecido ha comunicado al tribunal que se acogía al artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que dispensa de declarar en una causa abierta contra un familiar.
El mismo precepto legal ha invocado Laura Vila, esposa de Josep Pujol Ferrusola, lo que ha impedido que las partes pudieran interrogarla sobre una transferencia de 300.507 euros que recibió en una cuenta de Andorra en 2007 procedente de su marido, a quien la Fiscalía vincula con el reparto de los fondos ilícitos entre los hermanos.
El juicio, sin Victoria Álvarez
En la sesión de este lunes estaba inicialmente prevista la declaración de Maria Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola que destapó ante la policía la supuesta corrupción de la familia en una denuncia que, según ella misma explicó, fue instigada por el comisario José Manuel Villarejo y su entorno.
No obstante, Álvarez saltó de la lista de testigos el pasado viernes, después de que la defensa de Mercè Gironès, la única que la proponía -ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo hicieron, pese a que sus revelaciones dieron empuje inicial al proceso contra los Pujol-, renunciara a su declaración.
Con toda probabilidad, la declaración de Álvarez en 2012 en las que apuntó a los fondos de los Pujol en Andorra será una de las claves de los interrogatorios de las defensas a Villarejo y otros miembros de la llamada "policía patriótica", citados como testigos para mañana.
Testigos de las defensas
Este lunes han empezado los interrogatorios de los primeros testigos propuestos por las defensas, quienes han dado oxígeno a su tesis de que Jordi Pujol Ferrusola cobró de los empresarios procesados por trabajos reales de intermediación, al afirmar que ese tipo de labores de asesoramiento eran habituales, aunque no se documentara ni el contrato ni los resultados.
Marcelino Oreja, que fue director general de Tecnología y Sistemas de la empresa EMTE, ha explicado que el primogénito de los Pujol fue contratado verbalmente para ayudar a la sociedad a expandir su actividad en México, presentando potenciales socios o gerentes y asesorando sobre el funcionamiento del país.
Oreja ha señalado que la empresa nunca tuvo en cuenta que su asesor era hijo de Jordi Pujol Ferrusola: "Ser hijo de una persona famosa no invalida la competencia de las personas", ha aseverado.
En el juicio también ha comparecido el empresario Manel José Nadal Pellejero, quien ha testificado que Jordi Pujol Ferrusola y el promotor inmobiliario Alejandro Guerrero Kandler, también acusado, le ofrecieron participar en 2005 en el proyecto Life Marina Ibiza de construcción de viviendas de lujo -con un precio de entre 600.000 y un millón de euros-, en el que terminó invirtiendo el 50 por ciento.
Ha explicado que se trataba de un proyecto 100 por cien privado en el que era normal que Jordi Pujol Ferrusola recibiera una remuneración de entre el 3% y el 4% ya que su labor de intermediación para presentarlo a distintos inversores permitió desarrollarlo.
El testigo ha asegurado que Alejandro Guerrero no regaló una vivienda de esta promoción a Jordi Pujol Ferrusola sino que este, como interviniente en la operación, según el pacto de socios, podía elegir una para comprarla y de hecho desembolsó el 20 por ciento del precio, que luego perdió porque no formalizó finalmente la hipoteca del 80 por ciento restante.
Ha añadido que Jordi Pujol Ferrusola también presentó en 2007 el proyecto de otra promoción inmobiliaria en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Torre Europa, en unos terrenos de FCC, también totalmente privado sin intervención de administración pública alguna.