La Audiencia Provincial de Madrid juzgará desde el próximo lunes a un hombre acusado de asesinar a su pareja sentimental el 24 de septiembre de 2023 en un domicilio de Villaverde, donde supuestamente le asestó hasta 45 puñaladas.
La Fiscalía solicita para él una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato con agravantes de parentesco y discriminación por razón de género.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el procesado mantenía una relación sentimental con la víctima desde septiembre de 2020 y había protagonizado episodios previos de violencia contra ella, incluyendo una agresión por la que ya fue condenado en 2023.
La Fiscalía sostiene que durante la madrugada del 24 de septiembre de 2023 ambos mantuvieron una discusión en el domicilio del acusado y que, horas después, se produjo una nueva pelea en la vivienda.
En ese momento, y "de forma súbita e inopinada", el acusado presuntamente cogió un cuchillo de cocina de 32 centímetros y atacó a la mujer cuando se encontraba desnuda y sin posibilidad de defensa.
El relato del fiscal recoge que la víctima recibió decenas de cuchilladas en rostro, cuello, tórax y distintas partes del cuerpo, llegando incluso a salir del domicilio para pedir ayuda a los vecinos antes de fallecer a consecuencia de un shock hipovolémico por afectación vascular cervical. El acusado, según el Ministerio Público, huyó del lugar y se presentó horas más tarde en una comisaría de Policía Nacional del distrito de Usera-Villaverde.
La acusación pública considera que concurre alevosía y ensañamiento, al entender que el procesado aumentó "deliberadamente e inhumanamente" el sufrimiento de la víctima mediante múltiples heridas que no eran necesarias para causarle la muerte.
La víctima tenía tres hijos, dos de ellos menores de edad en el momento de los hechos. La Fiscalía reclama indemnizaciones de 241.000 euros para cada uno de los menores, 111.500 euros para la hija mayor de edad y 86.000 euros para la madre de la fallecida.
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita prohibición de aproximación y comunicación con los familiares de la víctima durante 35 años y libertad vigilada posterior