La denuncia contra el presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, presentada en la Audiencia Nacional por el socio de la entidad Jordi Cases por apropiación indebida en el fichaje de Neymar ha recaído por reparto en el juzgado de Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel y del caso Bárcenas, entre otros.
Según han informado fuentes jurídicas, la denuncia ha sido repartida está mañana y ha recaído en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente está Ruz, que ahora deberá decidir si la admite o no a trámite.
El denunciante, Jordi Cases, que forma parte del colectivo Consulta Qatar, acusa al presidente azulgrana, Sandro Rosell, de una «apropiación indebida» de 40 millones de euros presuntamente cometida en el traspaso del brasileño Neymar.
Desde el Barcelona se ha tildado de «infundada y temeraria», puesto que «afecta la imagen y la credibilidad del club».
Una fuente del club catalán consultada por EFE ha afirmado hoy de que «toda la información se entregaría ante la autoridad judicial competente» siempre que fuera reclamada, aunque por el momento desde la entidad no se tiene constancia de que la demanda haya sido considerada.
La operación se produjo el verano pasado. El traspaso se cerró en 57,1 millones de euros. 17,1 millones correspondieron a los derechos federativos del futbolista y 40 millones correspondieron a un pago a la sociedad N&N (Neymar y Neymar), propiedad del padre y del jugador, que tenía los derechos de negociación de la operación.
Cases, que se planteó llevar a cabo una moción de censura contra Rosell a principios de octubre -cuestión que descartó ante la imposibilidad de reunir los apoyos necesarios-, envió un burofax al club barcelonista en la que solicitaba toda la información sobre la operación.
«Creo que en ningún caso se puede ocultar la razón de un pago tan importante como este de 40 millones de euros. Como socio y copropietario de nuestro querido club, tendría que tener derecho a saber por qué concepto han salido del club 40 millones de euros», asegura Cases en la citada comunicación.
Además el socio considera que Rosell «no puede ampararse en una confidencialidad pedida por otra parte para no dar una respuesta apropiada y coherente sobre este pago adicional de 40 millones de euros». Al no haber recibido «una explicación concreta», Cases ha decidido emprender acciones legales.
En unas declaraciones realizadas a la Cadena Ser el pasado octubre, Rosell aseguró que el negocio se cerró en 57,5 millones, sin incluir la compra de derechos preferenciales sobre tres promesas del Santos, valorada en 7,9 millones más, y la celebración de dos amistosos entre el Barça y el Santos.
«Nosotros pagamos 17,5 millones al Santos y el resto (40) van a la sociedad que tiene los derechos de negociación de Neymar», insistió Rosell, quien dejó entrever que la empresa N&N, gestionada por el padre de Neymar, es quien cobró la citada cantidad.