El deporte balear contempla con enorme preocupación y cautela los acontecimientos que, por ahora, provocarán el parón del fútbol en numerosas comunidades este fin de semana. El balompié abandera el malestar y la incertidumbre generadas en el deporte amateur y base ante la regularización fiscal y laboral que el Gobierno quiere implantar en los clubes, entidades y asociaciones, medida que también afectaría, en mayor o menor medida, a las propias federaciones deportivas. De hecho, la Federació de Futbol de les Illes ya movió ficha solicitando una moratoria en la implantación de esas obligaciones, pero los acontecimientos en otras territoriales hacen que la opción del parón cobre forma.
Esa inquietud ha provocado un movimiento por parte de las demás territoriales de Balears, que han sido citados a una reunión de urgencia este viernes, a las 19 horas, en el local de la Federación de Futbol de les Illes, con el fin de informar del estado de la cuestión y estudiar las medidas a adoptar (solicitar una moratoria, e incluso valorar posibles actuaciones) en caso de que prospere el catálogo de intenciones del Ejecutivo de Madrid.
Los ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Educación, Cultura y Deportes, basándose en un estudio elaborado por el CSD, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y su Tesorería General, proponen regularizar la relación laboral de los trabajadores de clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro mediante un contrato a tiempo parcial, en los casos que proceda, con el fin de proteger sus derechos. Con ello, el CSD pretende que todas esas entidades den de alta en la Seguridad Social a todos los que allí realizan alguna actividad (entrenadores, utilleros, monitores, árbitros, delegados, colaboradores...), con todo lo que supondría, especialmente, para los más modestos, limitados económicamente.
Desde la Real Federación Española de Fútbol y sus territoriales se ha reclamado una regularización propia para el fútbol aficionado, propuesta a la que los demás deportes quieren unirse.
Así, se quieren evitar posibles sanciones por las inspecciones que la Agencia Tributaria o la Seguridad Social pudieran realizar.
En ese caso, los presidentes de los clubes y sus juntas directivas pueden ser responsables de las infracciones derivadas en caso de no adaptarse a la norma.