El Parlament balear ha aprobado este martes la nueva Ley de Comercio, una norma negociada con las principales patronales del sector que ha sido ratificada con un amplio respaldo de la cámara, aunque los grupos de la oposición han dejado patentes algunas discrepancias.
El conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García, ha hecho hincapié en la relevancia de que la ley cuente con el apoyo de los representantes del sector comercial y ha destacado el trabajo llevado a cabo por todas las partes implicadas en el Consejo Asesor de Comercio.
La norma, ha subrayado el conseller, regula de forma precisa la declaración de zonas de gran afluencia turística y la definición de nuevas grandes superficies comerciales, restringe y mejora el control de la venta ambulante y obliga a la aprobación de un plan director de comercio del que derivarán planes insulares y municipales.
Los grupos de la oposición, que han votado junto al PP a favor de la mayor parte del articulado, han criticado sin embargo algunos aspectos como la fijación de 16 festivos anuales de apertura comercial a partir de 2016 y el exceso de facilidades a las grandes superficies en detrimento del comercio tradicional.
En declaraciones tras la aprobación definitiva de la ley, el conseller de Economia ha puesto el acento en la importancia que tendrá el plan director para el desarrollo futuro del sector, para la definición del crecimiento comercial de los municipios y para la potenciación de las áreas urbanas de carácter comercial.
También ha reseñado que la Ley de Comercio facilitar herramientas para que los municipios ejerzan sus competencias a la hora de sancionar la venta ambulante ilegal, con los que se atiende una antigua reivindicación de los comerciantes.
El presidente de la Confederación Balear del Comercio, Bartolomé Servera, ha coincidido con García en la importancia del plan director sectorial: «Es donde nos jugamos el futuro».
«Hemos aprobado la mejor ley que podíamos tener» dadas las restricciones impuestas por la legislación estatal y las directrices de liberalización del comercio de la Unión Europea, ha afirmado Servera.
Durante el debate en el pleno, la diputada del PSIB Pilar Sansó ha echado en falta mayor apoyo para el «modelo tradicional del pequeño comercio mediterráneo» y ha considerado excesivos los 16 domingos y festivos de apertura comercial marcados por la ley a partir de 2016 (15 el año próximo).
El diputado de MÉS Miquel Àngel Mas también ha demandado más limitaciones a la instalación de grandes superficies y mayor descentralización de las competencias para que cada isla regule el comercio en función de sus especificidades.
Por otro lado, el pleno del Parlament ha rechazado, con los votos del PP, la toma en consideración de una proposición de ley del PSIB para la exención del pago de los impuestos de transmisiones y actos jurídicos documentados en las modificaciones de hipotecas para evitar desahucios y en las daciones en pago en las que los antiguos propietarios pactan con los bancos un alquiler con opción de compra.
El diputado socialista Antoni Diéguez, autor de la propuesta, y el de MÉS Miquel Angel Mas, han defendido la necesidad de aliviar la situación de las familias amenazadas de desahucio mediante esta bonificación fiscal, a lo que el diputado del PP Antoni Camps ha respondido que la idea es buena, «pero se tiene que hacer cuando se pueda hacer».