El Govern balear propondrá modificar la Ley de Comercio para ajustar algunos preceptos a las exigencias del ejecutivo central y aprovechará la tramitación parlamentaria para dictar una moratoria que impida la apertura de nuevas grandes superficies.
Así lo ha anunciado el conseller de Treball, Comerç e Industria, Iago Negueruela, a los representantes de patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores y consells insulars reunidos esta tarde en la Comisión Interinsular Asesora de Comercio para estudiar la respuesta al recurso de inconstitucionalidad planteado a la Ley de Comercio por el Gobierno del Estado.
Negueruela ha eludido desvelar las medidas que tiene pensado impulsar el Govern para evitar que la suspensión de varios artículos de la ley regional favorezca la implantación sin control autonómico de nuevas grandes superficies, pero asistentes al encuentro han confirmado que se aprovechará la tramitación de la reforma legal para aprobar una suspensión cautelar de la concesión de licencias.
Recurso de inconstitucionalidad
El conseller ha vuelto a calificar de «agresión» el recurso de inconstitucionalidad anunciado el pasado viernes por el Gobierno central, al que ha acusado de romper un acuerdo cerrado la víspera, y se ha mostrado confiado en que mañana obtendrá de los grupos parlamentarios el mismo apoyo que le han dado hoy todos los agentes sociales ligados al comercio.
Sin entrar en detalles, ha asegurado que la modificación de la ley se llevará a cabo para introducir los cambio que se habían pactado con el Ministerio de Economía antes de la «ruptura unilateral» de la negociación con la presentación del recursos.
La reforma se centrará en la reducción de 4 a 3 meses del plazo para responder a las solicitudes de licencia comercial y en que el silencio administrativo sea considerado equivalente a una autorización, y no tenga carácter negativo como en la norma actual.
Negueruela ha subrayado que para defender el «equilibrio comercial, medioambiental y territorial» del archipiélago, amenazado por la posible «la proliferación» de licencias de grandes superficies, el Govern impulsará «medidas contundentes y eficaces» pactadas con el sector.
El presidente de la Federación Balear de Comercio, Pau Bellinfante, ha secundado al conseller al expresar su «gran sorpresa» ante el recurso del Gobierno central contra una ley aprobada por un amplio consenso durante la pasada legislatura, cuando el PP gobernaba en Baleares.
«No sabemos si se está jugando a política para fastidiar a partidos o si se está intentando defender unos intereses que no sabemos cuáles son», ha sostenido el dirigente patronal, que, igual que Neguerela, ha lamentado la inseguridad jurídica que genera la suspensión de la Ley de Comercio.
«El PP nos está pegando muy fuerte y nos está debilitando», ha añadido en referencia al pequeño y mediano comercio.
El líder de la federación de Comercio de UGT, Antonio Copete, ha expresado su respaldo a la moratoria que impulsará el Govern en defensa de una ley que, aunque no fue respaldada completamente por su sindicato, es mejor que la ley estatal, que permite como regla general la apertura de grandes superficies de 750 metros cuadrados, mientras que la norma regional las limita a 400 metros en Ibiza y Menorca y a 300 en Formentera.
Su homólogo de CCOO, Ginés Díez, se ha expresado en términos parecidos y ha añadido que el recurso de inconstitucionalidad «es una venganza política por haber perdido el Govern balear».
Francisco García, delegado en Balears de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), ha pedido que se concrete qué artículos de la norma regional quedarán suspendidos por el recurso, ha asegurado que hay mecanismos legales vigentes, como las normativas municipales, para regular la supuesta «venida en masa» de grandes superficies y se ha mostrado convencido de que los gobiernos regional y nacional alcanzarán un acuerdo.