El presidente del Tribunal Superior de Justicia Islas Baleares (TSJIB), Antonio Terrasa, ha pedido medios humanos y materiales para la Administración de Justicia de las islas porque hay muchos jueces trabajando por encima de sus posibilidades máximas y dependencias en situación «calamitosa».
En la apertura del año judicial 2015-2016, acompañado por los miembros de la sala de gobierno del tribunal, Terrasa ha advertido de la posible «imagen de precariedad de la Administración de Justicia».
Ha admitido que cuando un ciudadano pierde un pleito puede percibir una sensación desfavorable, pero ha indicado que «alguna habrá sido acertada» de las más de 34.336 sentencias dictadas en Baleares en 2014 y 136.208 interlocutorias.
Terrasa ha defendido la necesidad de justificar, argumentar y motivar las razones de toda decisión judicial y ha advertido de que «con una carga sobresaturada de trabajo, la calidad indefectiblemente puede debilitarse».
Ha asegurado que hay muchos jueces que están trabajando en un volumen por encima de las posibilidades máximas fijadas por el Consejo General del Poder Judicial y ha señalado «situaciones críticas» que merecen la creación de nuevas unidades, como la necesidad de una tercera plaza de juez para la Sala de lo Social del TSJIB para que sea capaz de poder trabajar sola y poderse constituir sin necesidad de auxilio.
Más preocupante es la situación de los cuatro Juzgados de lo Social de Palma, donde hay dos jueces de refuerzo para «intentar menguar unos calendarios muy lejanos de señalamiento», y la de Primera Instancia de Ibiza, que también requiere nuevas unidades por estar sobresaturados.
También hace falta aumentar recursos en los juzgados de lo Contencioso-administrativo y Mercantil de Palma, que están reforzados con jueces de adscripción territorial que se van marchando a medida que obtienen plaza propia, de manera que si bien llegó a haber 15, quedarán 4 este año.
En cuanto a edificios e instalaciones, salvo en Maó, los demás partidos judiciales requieren instalaciones nuevas, según Terrasa, en los Juzgados de Palma porque «no caben» y en Inca y Manacor porque su dispersión genera dificultades operativas.
En Ibiza hay que ejecutar planes previstos y las dependencias que presentan un estado más comprometido son los juzgados de Ciutadella que, según Terrasa, están en «una situación francamente calamitosa».
Terrasa ha calificado la celebración de este lunes como «un acto simbólico» porque «la actividad judicial no se ha detenido ni siquiera durante la época estival ni en vacaciones, cuando se han mantenido los órganos y servicios de guardia para atender cualquier necesidad urgente o perentoria».
El acto formal implicará la próxima presentación de la memoria anual que condensa la actividad y las necesidades de la Administración de Justicia en la islas.
Ha adelantado que en el primer semestre de 2015 se han registrado 102.097 asuntos judiciales en Baleares, un 0,2 % menos que en el mismo período de 2014; y se han resuelto 105.711, un 1,6 % menos.
La intención es «rendir cuentas la ciudadanía y relacionarse con los demás poderes del Estado», cuyos principales representantes han asistido hoy al acto.
Terrasa ha descrito la relación con las demás instituciones como una «necesaria colaboración», sin cuya existencia «la Administración de Justicia no podría funcionar». «Tenemos las tensiones naturales de orden funcional en el día a día pero una relación institucional amplia, profunda, enriquecedora y provechosa para los ciudadanos», ha recalcado.
La magistrada de la Sección Quinta de la Audiencia provincial, Arantzazu Ortiz González, ha iniciado el año judicial con una intervención sobre la Ley de Segunda Oportunidad, de la que ha destacado sus efectos para los deudores de buena fe.
Ha señalado que no perpetuar las deudas de las personas físicas, cuando se trata de deudores de buena fe, «es beneficioso para la sociedad» y ha indicado que esta norma facilita la revisión de deudas y en determinadas circunstancias llega a contemplar la exoneración.
Según la magistrada, la experiencia de su aplicación desde marzo indica que en la mayoría de los casos que se acogen a ella particulares que arrastran deudas de sociedades mercantiles. Sobre el futuro de la aplicación de la ley ha señalado que es un desafío que se irá resolviendo con la práctica, y con el objetivo final de «prestar el mejor servicio a los ciudadanos».
Al acto han asistido la presidenta del Govern, Francina Armengol; la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer; el rector de la UIB, Llorenç Huguet; al vicepresidente primero y conseller de Cultura, Francesc Miralles, y el comandante general de Baleares, Fernando Aznar Ladrón de Guevara, entre otras autoridades.