La Fiscalía abrió en 2014 un 22,7 por ciento menos de diligencias previas, respecto al año anterior, para investigar delitos contra la Administración pública, que engloban entre otros las malversaciones, tráfico de influencias y cohechos, tal y como se desprende de la Memoria relativa al pasado ejercicio presentada este miércoles por el Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló.
En su intervención en el Parlament, donde ha dado a conocer estos datos, Barceló ha precisado que, de este tipo de infracciones, las únicas que registraron un aumento fueron las de prevaricación administrativa (+75 por ciento), al pasar de ocho a catorce incoaciones de diligencias.
Sí se vieron reducidos los de malversación de caudales públicos (-46,2 por ciento, de trece a siete), los de abuso en el ejercicio de función (-cien por cien, de tres a ninguno), los de abandono de destino (-75 por ciento, de cuatro a uno), los de desobediencia de autoridades o funcionarios (-29,6 por ciento, de 54 a 38) y los de violación de secretos por particular (-66,7 por ciento, de tres a uno).
En cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, éstos últimos se vieron incrementados en un 200 por ciento, pasando de dos a seis, toda vez que descendieron los de defraudación tributaria (55,6 por ciento, de nueve a cuatro) y en un cien por cien los contables (de uno a ninguno).
De forma paralela, Barceló ha apuntado que se abrieron 30 investigaciones por delitos de homicidio (-41,2 por ciento), tres por asesinato (-62,5 por ciento), diez de homicidio por impudencia (-9,1 por ciento) y ninguna por auxilio e inducción al suicidio (-cien por cien).
En cuanto a las infracciones contra la libertad sexual, éstas disminuyeron en un 14,3 por ciento (de 580 a 497). Más en concreto, se redujeron en un 55,6 por ciento las diligencias por violación (de nueve a cuatro), en un 22 por ciento las de abusos sexuales (de 168 a 131), y en un 22,9 por ciento las agresiones (de 271 a 209), mientras que aumentaron en un 25 por ciento las de acoso sexual (de 24 a 30), y en un 50 por ciento las de corrupción de menores (de dos a tres).