El abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, se ha ratificado este lunes ante el tribunal del caso Nóos en su petición de que se llame a declarar como testigo al Rey Juan Carlos, porque considera significativas las pruebas en las que se hace referencia a supuestas mediaciones en favor de su yerno.
Peeters ha señalado que para su estrategia de defensa sería relevante que se admitiese su solicitud respecto al anterior jefe del Estado, al que se ha referido como el «suegro del señor Urdangarin». También ha aludido a su «cuñado», el Rey Felipe VI.
Ambos testimonios fueron requeridos en su escrito de defensa por el defensor de Diego Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, pero fueron rechazados inicialmente por el tribunal.
La presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha recriminado al abogado que la sala ha tenido «demasiada consideración» hacia él por la forma en la que presentó las pruebas documentales y testificales que pedía para el juicio.
«Precisamente no ha facilitado usted la ponderación de la sala de las pruebas que propone porque ha propuesto sin indicar a qué se refería la prueba, ha habido que analizar uno a uno para analizar la pertinencia», ha dicho la presidenta y ponente del tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma.
El defensor de Torres ha llamado la atención sobre el hecho de que el tribunal ha admitido algunos testigos pero no los documentos sobre los que les quería interrogar y viceversa, ha inadmitido testigos pero no la prueba documental sobre la que debería versar su declaración.
Según González Peeters no hay un solo documento o testigo que haya propuesto que no tenga relación e importancia sobre los hechos que se enjuician.
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha vuelto a pedir varios testigos que ya solicitó y ha asegurado que en dos de los documentos que ha admitido el tribunal la firma no es de su defendido.
Uno de ellos es un presupuesto de la empresa Aizoon supuestamente firmado por Urdangarin en el que, según el abogado, la firma no es suya y otro una factura de abril de 2006 sobre Juegos Europeos, que tampoco firmó.
Los abogados de cuatro de los cargos públicos valencianos que están acusados han pedido al tribunal que admita como prueba un informe sobre el retorno en términos de reputación que supuso para la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia la organización por parte del Instituto Nóos de las cumbres Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006.
Antonio Reyes, defensor del exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela, ha destacado que el informe establece una correspondencia exacta entre el coste y el beneficio obtenido. Vicente Grima, defensor del exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón, han incidido en que contabiliza la presencia en prensa que le reportaron a CACSA los eventos.
Luisa Gurillo, abogada de la que fue la responsable jurídica de CACSA, Elisa Maldonado, ha dicho que el informe indica que lo que esperaba obtener CACSA al suscribir los convenios del Valencia Summit lo obtuvo en repercusión mediática.
También la defensora del exdirector de CACSA, José Manuel Aguilar, la abogada Josefa Rosselló, ha pedido que se admita dicho informe pericial por ser «útil y pertinente» para acreditar el interés público de los convenios y que los acuerdos se suscribieron por CACSA en el marco de la normalidad y no porque dicha entidad careciera de mecanismos de control o de limitación económica como alegan las acusaciones.
La letrada ha señalado que CACSA suscribió otros convenios de colaboración para patrocinar eventos, sin que supusieran vulneración de la legalidad, que indican que aquellos acuerdos no obedecían exclusivamente a que Iñaki Urdangarin era yerno del Rey.