La presidenta del tribunal que juzga el caso Nóos, Samantha Romero, ha advertido este jueves al letrado que representa a la acusación popular contra el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, que no admitirá que se utilice la vista para «solventar disputas políticas».
«Estamos analizando unos hechos y a esos hechos nos tenemos que ceñir», ha indicado Romero al letrado Francisco de Antonio, que ha entrado en debate con Grau respecto a si el Ayuntamiento de Valencia controlaba o no la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau.
El inicio del interrogatorio, las preguntas al exvicealcalde del PP, que era concejal de Hacienda y presidente de Turismo Valencia cuando esta entidad cofinanció los foros Valencia Summit organizados por el Instituto Nóos, se han centrado en la naturaleza jurídica de la fundación, que aportó un total de 1,5 millones de euros para las tres ediciones del evento.
La acusación popular fue planteada en 2013, durante la fase de instrucción, por los entonces integrantes del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia encabezados por el hoy también miembro del gobierno municipal Joan Calabuig.
Por ello, Grau también se ha referido a que en un reciente cambio de estatutos el citado dirigente municipal socialista, hoy presidente de Turismo Valencia, no ha modificado a condición de «fundación de naturaleza privada» de la entidad.
«Nunca tuve conocimiento de que la Fundación Turismo Valencia haya realizado algún convenio que no haya sido bajo el derecho privado», ha incidido el exvicealcalde.