Los bancos que dispongan de viviendas vacías estarán obligados a ceder su uso al Govern o, en caso contrario, se enfrentarán a sanciones que podrán llegar incluso a los 30.000 euros.
La ley, elaborada por la Conselleria de Territori, especifica que el Ejecutivo podrá aplicar esta medida «cuando el parque de vivienda resultante de los convenios regulados y las viviendas del sector público sean insuficientes para dar adecuada respuesta a las necesidades de alojamiento».
El Govern ha intentado convencer a las entidades financieras de que le cedan el uso de las viviendas vacías, pero ha tenido poco éxito y solo ha podido lograr un total de 75 pisos.
Los partidos deberán decidir ahora qué periodo de tiempo se entiende que es suficiente para que una vivienda se considere desocupada. El borrador tampoco determina la cuantía de las multas, pero la cifra que se apunta son 30.000 euros, que es la misma cantidad que ha impuesto la Generalitat valenciana con un proyecto ley semejante recién aprobado.