Los gobiernos de Balears y Canarias han propuesto un fondo estatal para financiar los costes de la insularidad al margen del sistema de financiación autonómico mediante el que el Ministerio de Hacienda aporta recursos para pagar la sanidad, educación y servicios sociales.
Las consejeras de Hacienda de Baleares y Canarias, Catalina Cladera y Rosa Dávila, se han reunido hoy en Santa Cruz de Tenerife para abordar la posición de ambos archipiélagos en la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que han calificado de injusto e insostenible y que, por lo tanto, hay que reformularlo desde el inicio.
Las dos consejeras se han quejado de la infrafinanciación de sus respectivas comunidades, por lo que han reclamado de forma urgente un nuevo modelo de financiación que asegure que todos los ciudadanos tenga el mismo nivel de gasto público.
Han planteado la creación de un fondo específico que tenga en cuenta los costes de la insularidad y de la doble insularidad, pues, según la consejera del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, es fundamental que el sistema de financiación, con el que se hace frente a los servicios públicos, tenga en cuenta la insularidad.
Para ello, ambas comunidades insulares están realizando un estudio sobre el coste de más que supone la insularidad y la doble insularidad a la hora de financiar servicios públicos como la sanidad, educación y servicios sociales.
La consejera de Hacienda de Baleares, Catalina Cladera, ha apoyado también este fondo para compensar los costes de la insularidad, ya que los gobiernos de ambos archipiélagos tienen que, por ejemplo, hacer frente a gastos para mantener hospitales en todas las islas, aunque su población sea escasa en alguna de ellas.
Canarias y Balears han tenido una infrafinanciación histórica, ha recalcado Catalina Cladera, quien ha criticado que actual modelo es poco transparente, de ahí la importancia de simplificarlo.
Asimismo, ha exigido más autonomía fiscal para las comunidades autónomas, al tiempo que ha mostrado su interés por las medidas fiscales que hay en Canarias y que, según la consellera balear, han ayudado a diversificar su economía.
Balears, al igual que Canarias, dispone de un régimen específico fiscal para compensar los costes derivados de la insularidad y, además, ha implantado medidas de compensación fiscal para incentivar la inversión, ha recordado la consellera.
Por su parte, Rosa Dávila, ha hecho hincapié en que el sistema de financiación deja a los dos archipiélagos españoles a la cola, por lo que espera que su revisión «no sea un parcheado» sino que el Gobierno central lleve a cabo un cambio profundo que no parta del modelo actual.
Respecto el estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la financiación autonómica, Dávila ha criticado que este análisis incluye el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias dentro del sistema de financiación, lo que desvirtúa las cifras.
La consellera balear se ha mostrado en desacuerdo con este estudio, en el que los expertos apuntan a Alemania como modelo a seguir de cara a la futura reforma del modelo de financiación autonómica de España.
Catalina Cladera es partidaria de no copiar otros modelos, «romper el status quo, partir de cero» para que, entre otras cosas, las comunidades autónomas sean responsables tanto en los gastos como en los ingresos.
También han hablado, preguntadas por los periodistas, sobre que la decisión de la Comisión Europea haya pedido a España ajustes por valor de más de 8.100 millones de euros para asegurar una corrección duradera del déficit excesivo, reduciéndolo al 3,7 % del PIB en 2016 y al 2,5 % en 2017.
«Las comunidades ya hemos hecho ajustes, si hay alguien que tiene que asumir los recortes es el Estado», ha manifestado la consejera canaria, quien ha propuesto que se ahorre en defensa y no en servicios públicos esenciales.
De la misma manera ha opinado la consellera balear, para la que el Estado no puede pedir a las comunidades autónomas más ajustes y más esfuerzos hasta que no les dé más recursos.
En esta línea, ha sugerido que se revise la legislación, pues, a su juicio, «no se puede seguir con estos ajustes tan exagerados».