La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha asegurado que el retraso en el pago de proveedores por parte de la comunidad está causado «no por falta de gestión del Govern» si no «por falta de pago del Gobierno» central al que ha acusado de aplicar «chantaje político» a las comunidades autónomas.
Según Armengol, «el chantaje político del Gobierno ha sido asfixiante para Baleares» y una de sus facetas más graves ha sido «el retraso y la obstaculización del pago del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) de más de tres meses a esta comunidad con repercusiones negativas», un retraso que considera «absolutamente inexplicable, si no es para intentar presionar a las fuerzas de izquierda a nivel estatal».
Después de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informara este lunes de que Baleares es la cuarta comunidad autónoma que más tarda en pagar a los proveedores, con 71,7 días, y remitiera al Govern un comunicado de alerta por incumplir el plazo de 30 días, Armengol ha reprochado los retrasos del Gobierno central.
En una rueda de prensa en el Parlament, donde el PSIB celebra jornadas parlamentarias de cara al inicio del curso político, Armengol ha criticado que el Ministerio no haya cerrado el objetivo de déficit de 2016 con el límite del 0,7 %, con el consiguiente retraso en los pagos que ha supuesto. «No estamos recibiendo el dinero que nos correspondería si el objetivo de déficit ya se hubiera corregido», ha recalcado.
«Las dos variables hacen que el pago medio a los proveedores se alargue no por voluntad o por falta de gestión del Govern sino por falta de pago de quien nos debe el dinero, que es el Gobierno de España», ha asegurado.
Sobre la estrategia política de cara al nuevo período de sesiones, Armengol ha advertido de que el curso parlamentario empezará condicionado por la incertidumbre de llevar «casi un año de interinidad en el Gobierno de España», y ha señalado que el Govern ha optado por impulsar más diálogo con todas las fuerzas políticas, como ejemplificó su reunión de ayer con los portavoces.
Además se celebrará «el debate más importante del año», el de política general de la comunidad, el 20 de septiembre y ha convocado la conferencia de presidentes de los consells el 3 de octubre.
La presidenta ha dicho estar contenta con la respuesta obtenida ayer de los grupos políticos, «lejos de las discrepancias lógicas entre partidos», y «comprometidos a trabajar desde la lealtad».
En el actual escenario de crecimiento económico del 4 %, Armengol ha dicho que el Govern quiere explicitar en el presupuesto una mayor redistribución de la riqueza para generar mas ocupación y de más calidad.
Tras un primer año de legislatura volcado en «retornar derechos», el segundo, que comenzará con la elaboración de los presupuestos para 2017, será para «reorientar la mejora del modelo productivo y económico y volver a una época en la que pueda haber inversión pública y dar mejores servicios».
Los ingresos por el impuesto de turismo sostenible permitirán acometer inversiones hídricas, para resolver tanto la problemática en saneamiento como en suministro de agua, ha detallado.
El Govern presentará un proyecto de presupuestos antes del 30 de octubre que intentará consensuar al máximo y partirá de considerar un límite de déficit del 0,5 % como se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque «permite un escenario de 120 millones de euros más de ingresos que es razonable», aunque el Gobierno no lo haya ratificado, ha explicado Armengol.
«Queremos pactar el presupuesto con quieres hicieron posible el Govern porque tenemos un acuerdo de legislatura», ha recalcado sobre MÉS y Podemos.
La presidenta ha señalado que paralelamente el Govern seguirá reclamando al Gobierno una mejora del sistema de financiación, un nuevo REB, y el pago del convenio de carreteras que son 240 millones «de hace 15 años».
Para el curso parlamentario, «la prioridad seguirá siendo la educación, sanidad y servicios sociales y la mejora del modelo económico», ha resumido. Además, ha mantenido el compromiso anunciado por el vicepresidente Biel Barceló de que la ley que regule el alquiler turístico entre en el Parlament el último trimestre de este año.