La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha informado este viernes sobre la recepción de dos resoluciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, en las que se reclama a Balears que abone 26,1 millones de euros por la desaladora de Santa Eulària del Riu y 20,2 millones por la de Ciutadella.
De esta manera, según ha señalado el conseller del ramo, Vicenç Vidal, se incumple el acuerdo político al que llegaron ambas administraciones el pasado mes de mayo, «en vista al bloqueo de las instalaciones y la grave situación de sequía de Ibiza», por la que la Conselleria se encargaría de conectar las instalaciones a la red y el Ministerio rescataría la concesión de las desaladoras sin ningún coste adicional para la Comunidad Autónoma.
Vidal ha subrayado que Balears «cumple con este acuerdo, al haber iniciado ya las obras de conexión de la desaladora de Santa Eulària con Roca Llisa y haber iniciado la tramitación del resto de conexiones necesarias» y ha manifestado que «el Gobierno del Estado va en contra de los intereses de los ciudadanos de las Islas» con esta resolución del secretario de Estado de Medio Ambiente.
Según ha recordado el Ejecutivo autonómico, las dos desaladoras están declaradas de interés general en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero hasta el 29 de abril de 2005 el Gobierno central y el de Balears no firmaron el convenio para ejecutar las obras. En septiembre de aquel mismo año el Ministerio adjudicó el contrato para la elaboración del proyecto, la obra y la explotación de las desaladoras, la de Santa Eulària con un presupuesto de 14,19 millones (más IVA) y la de Ciutadella por 12,47 millones (más IVA).
En diciembre de 2013 las concesionarias, que mantienen las desaladoras terminadas desde 2011, pidieron la resolución del contrato de concesión al Ministerio, y reclamaron 31 millones de euros para la desaladora de Ibiza y 32,5 millones para la de Menorca.
El 29 diciembre de 2015 el Consejo de Ministros autorizó las resoluciones de los contratos y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se tenían que abonar 26,1 millones por la desaladora de Santa Eulària y 19 millones por la Ciutadella. El 11 de mayo de 2016, la comunidad recepcionó el uso de ambas instalaciones mediante un acta en la que el Estado entrega la cesión de uso y explotación a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) manteniendo su titularidad y reservándose el derecho de repetir acciones contra la administración balear como consecuencia del pago del rescate de esta concesión.
Había un convenio firmados y el Govern lo ha incumplido no siendo capaz de conectar las plantas a los puntos de suministro y empezar a vender agua y encima quería las plantas totalmente gratis. Inutilidad total de los responsables de la Consejería que no han sido capaces de producir y vender el agua desalada mientras se esquilman y salinidad nuestros acuíferos subterráneos.