El exconseller de Obres Públiques Jaume Carbonero desveló ayer un hecho inédito del periodo de gobierno, entre 2007 y 2011 (el segundo Ejecutivo de Antich) en que se empezaron a investigar las mayoría de casos relacionados con la corrupción.
Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la adjudicación y construcción de las autopistas de Eivissa, dijo que se arrepentía de no haber remitido a la Fiscalía la información procedente de aquella Isla sobre irregularidades en el proceso de adjudicación.
«Hoy no lo haría, con la perspectiva del tiempo, actuaría de manera diferente», dijo. Según Carbonero, la Fiscalía desaconsejó judicializar este asunto ya que «estaba desbordada por casos de corrupción» y le indicó que no tendría recorrido penal.
Carbonero, que es el único compareciente que había suscitado interés del PP ya que este partido le atribuye la única irregularidad posible: haber cambiado el sistema de pagos a las concesionarias y causar un sobrecoste.
Manda Hisenda
Carbonero explicó este hecho que el PP ha utilizado como prueba de cargo asegurando que pagó porque así lo indicaba Intervención, aunque años después cambiara de criterio en un segundo informe.
«De haber conocido ese segundo informe, no habría actuado igual», dijo. Y añadió que en los gobiernos, sean de coalición o no, el que de verdad manda es la Conselleria d'Hisenda y el departamento de Intervención. El PP mantiene sus sospechas sobre la gestión de Carbonero.
AL MARGEN
Més: sentencias sobre un fraude
David Abril (Més) aseguró ayer que las sentencias del Supremo que condenaron al Govern a pagar más se construyeron «sobre un fraude». Concretamente dijo que se encargó indirectamente a una de las concesionarias un informe que luego justificó el sobrecoste.