El Juzgado de lo Social número 1 ha dado la razón a Ana Saida Rodríguez, la trabajadora de Acciona en Son Sant Joan que demandó a su empresa por prohibirle llevar el velo.
De esta manera, la sentencia le permite ir con velo a su puesto de trabajo y suspende las sanciones que le habían sido impuestas. Además, la empresa deberá indemnizarla con 7.892 euros y además devolverle el dinero que dejó de cobrar a raíz de las suspensiones de empleo y sueldo, 4.491 euros.
Según la sentencia, la libertad del individuo de manifestar su religión «no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás»
La sentencia no es firme y puede ser recurrida.
En la vista celebrada en el Juzgado de lo Social, la compañía sostuvo que no se produjo una discriminación por motivos religiosos sino que se le aplicó a la empleada el mismo código de vestuario que al resto de la plantilla.