La expresidenta del Parlament Xelo Huertas ha vuelto a pedir a la jueza de Primera Instancia número 14 de Palma, Irene Partida, que anule su expulsión de Podemos por considerar que la sanción no es razonable, a lo que se han opuesto tanto el partido político como la Fiscalía, en el juicio que ha quedado este jueves visto para sentencia.
Huertas fue expulsada de Podemos porque el partido consideró que infringió el código ético de la organización al anteponer el interés particular del científico Daniel Bachiller al interés general al condicionar su apoyo a los presupuestos de la comunidad autónoma a que se renovara un convenio del Govern con el CSIC para mantener el laboratorio en el que trabajaba el investigador.
En sus conclusiones durante el juicio, el abogado de Xelo Huertas, Francisco García, ha pedido a la jueza que estime la demanda y anule su expulsión de Podemos que considera incorrecta «porque no hay razón alguna para abrir el expediente sancionador».
El letrado ha alegado que la apertura de un expediente sancionador a Huertas no fue razonable porque se basa únicamente en lo que manifestó en un chat interno del partido y supone una vulneración de tres derechos fundamentales: a la expresión, a la participación política y a la igualdad.
Ha defendido que lo que escribió Huertas en el chat era la manifestación de su intención en el marco del debate dentro de un partido político, efectuado en un canal de comunicación y no de decisión y además coincide con lo que dijeron otras cuatro personas que no han sido sancionadas, entre ellas el actual presidente del Parlament, Baltasar Picornell.
Según el letrado de Huertas, en el chat se estaba debatiendo si se estaban cumpliendo los acuerdos de gobierno en materia de I+D+i y conocer en ese debate que no se renovaba el convenio que afectaba a Bachiller fue «una gota más».
Ha recalcado que esa discusión en el chat ocurrió el día antes de que se celebrara una reunión del Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) de Podemos, y que Huertas se refería a su voto en dicho órgano del partido y no en el Parlament.
El defensor de Huertas también ha criticado que el expediente sancionador no incluya ningún documento ni diligencia ni argumente la expulsión, algo que considera inexplicable «a no ser que ya estuviera decidida de antemano», por lo que ha alegado indefensión.
La responsable jurídica de Podemos, Aina Diaz, ha defendido la expulsión de Huertas, con la que se sancionó una conducta que vulnera el código ético de Podemos al anteponer intereses particulares al interés general, algo previsto en los estatutos del partido.
Según Díaz, Huertas ha reconocido que escribió todo lo que recoge el chat y por tanto que iba a votar no a los presupuestos en el Parlament, condicionando su apoyo a que solucionaran «lo de su amigo» y sin importarle si la sancionaban.
La letrada ha acusado a Huertas de intentar manipular el órgano de dirección de Podemos y ha recalcado que lo hizo siendo la segunda autoridad de Baleares, «no una inscrita más».
Díaz ha negado que nadie quisiera «quitársela de encima» y ha defendido que el expediente sancionador fue correcto y que la sanción se acordó en un proceso con garantías en el que Huertas pudo oponerse y plantear alegaciones y pruebas documentales.
La abogada de Podemos ha pedido la desestimación de la demanda y que se condene a Huertas a pagar las costas del juicio.
La fiscal ha solicitado también a la magistrada que desestime la demanda al considerar que la conducta de Huertas está tipificada como sancionable en el código ético de Podemos y que no se ha vulnerado su libertad de expresión porque lo que dijo fue «más allá de meras opiniones».
La representante del ministerio público también ha negado que se haya vulnerado el derecho a la igualdad de Huertas, ya que considera que no se ha podido determinar que lo manifestado por el actual presidente Picornell «fuera exactamente igual».
No te quejes. Esos son los valores que tú defiendes.