El Consell Consultiu alerta de que el anteproyecto de ley de vivienda es inconstitucional en su intento de obligar a los bancos a evitar los desahucios. El Govern quiere obligar a las entidades bancarias a alquilar esa vivienda a quienes no puedan pagar la hipoteca, pero el Consultiu considera que se expone a un recurso ante el Tribunal Constitucional si sigue adelante con esta idea.
El Consell Consultiu se reunió ayer para emitir el dictamen de una de las leyes estrella de la legislatura, pero salió de la reunión sin que hubiera un texto cerrado. El debate duró más de cuatro horas ante la complejidad del texto y ante las dudas sobre algunos de los puntos más arriesgados de la ley. El dictamen se redactará en una nueva sesión convocada para el viernes, pero entre los asistentes hubo acuerdo en alertar al Govern de que ese medida coercitiva no es legal.
Ya hay sentencia
De hecho, el Tribunal Constitucional ya declaró contraria a la Constitución una disposición muy parecida aprobada hace un par de años por el Parlamento andaluz a propuesta del Gobierno de Susana Díaz. Balears la incorpora en su ley y añade que el incumplimiento de esta medida, que ahora pone en duda el Consell Consultiu, es una falta muy grave sancionada con una multa de hasta 90.000 euros.
Es la única disposición en la que hay acuerdo sobre su inconstitucionalidad, pero hay otros aspectos sobre los que existen dudas. También hubo un gran debate ante posibilidad de que el Govern expropie a grandes propietario el uso de las viviendas que lleven dos años vacías.
La ley considera grandes propietarios a personas o empresas que tengan como actividad la construcción, la promoción inmobiliaria, la intermediación, la gestión, la compraventa, el alquiler o la financiación de viviendas. Les da tres meses de plazo para incluir en un registro esta relación de viviendas no ocupadas. La ley también da un plazo de tres meses para que los grandes propietarios registren las viviendas protegidas, es decir, construidas con ayudas públicas, que estén en su poder.
El dictamen del Consell Consultiu, que quedará cerrado en una próxima reunión, era preceptivo ya que la aprobación de la ley de vivienda viene recogida en el Estatut d'Autonomia. Al tratarse de una norma estatutaria, el Govern tenía la obligación de solicitar este informe que, sin embargo, podrá desoír porque las advertencias del órgano asesor no son vinculantes. En ese caso, se expondrá a que el Parlament apruebe una ley que acabe siendo recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, lo que dejará en suspenso los artículos cuestionados.
EL DATO
90.000 euros de multa por infracciones muy graves
El anteproyecto de ley establece sanciones de hasta 90.000 euros por infracciones muy graves, como no ofrecer la vivienda en alquiler a quien sea desahuciado.
Otros aspectos que regula la norma en trámite
1-Las fianzas por los alquileres deberán depositarse en el Ibavi
Todas las fianzas que se depositan cuando se hace un contrato de alquiler deberán entregarse de forma obligatoria al Ibavi y el control será muy exhaustivo para evitar fraudes. Parte de ese dinero es el que servirá para construir viviendas públicas.
2-Medidas para incentivar el alquiler de los pisos particulares vacíos
La ley obliga al Govern a poner en marcha programas de cesión de viviendas para que los particulares que tienen pisos vacíos los cedan de forma temporal a la Administración a cambio de que ésta gestione el alquiler. Se trata de ponerlos en el mercado a precios asequibles.
3- Regulación de la pobreza energética y ayudas para combatirla
Aunque no es un asunto estricto de vivienda, el proyecto de ley establece una serie de disposiciones para regular la pobreza energética. Incorpora medidas para combatirla y un protocolo de actuaciones para que nadie quede desasistido por no poder pagar la electricidad.