Cort quiere aplicar en el poblado de Son Banya el modelo de desalojo que se llevó a cabo en el barrio de sa Penya, de Eivissa. Para conocer a fondo el operativo desplegado por el Consistorio de Vila, el director general de Benestar del Ajuntament de Palma, Joan Antoni Salas, se ha desplazado a la mayor de las Pitiusas, donde pasará unos días para entrevistarse con las personas que participaron en el dispositivo que se llevó a cabo el 26 de abril de 2016 en sa Penya.
Desde el Consistorio palmesano argumentan que se trata de un caso similar al de Son Banya, ya que sa Penya también era el principal supermercado de la droga de Eivissa. No obstante, era más pequeño que el poblado palmesano, ya que fueron desalojadas 17 familias. En Son Banya hay una orden de desahucio de 45 familias. Se trata de una parte del poblado, donde hay 117 familias.
Paralelamente, el Pacte trabaja con dos opciones, en función de si los tribunales aceptan o no la petición de aplazar el desalojo, previsto para el 5 de octubre, al primer trimestre de 2018.
En el caso de que el juez no conteste al aplazamiento solicitado por el Consistorio, el Pacte tendría que llevar a cabo el desalojo de las 45 viviendas que cuentan con sentencia firme antes del 5 de octubre, ya que si no es así se consideraría que Cort entra en rebeldía. En este caso, el tripartito tapiaría las viviendas para evitar que vuelvan a ser ocupadas. En el barrio de sa Penya también optaron por el tapiado.
Si los tribunales aceptasen la petición del Ajuntament, el Pacte podría aplicar su primera opción, que consiste en derribar las viviendas para impedir que vuelvan a ser ocupadas. Precisamente, este es el argumento que ha utilizado el tripartito para solicitar el aplazamiento del desalojo, ya que los derribos se deben llevar a cabo mediante un proceso de licitación, que requiere su tiempo.
No obstante, el Pacte reitera que están preparados para acometer el desalojo el próximo 5 de octubre, ya que llevan trabajando en el mismo desde principios de 2017.