El presidente de AENA, José Manuel Vargas, y el consejero Simón Pedro Barceló presentaron ayer al consejo de administración de la compañía su dimisión, con efectos a 15 de octubre.
La entidad, que gestiona la red de aeropuertos españoles, comunicó la dimisión de Vargas y Barceló a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en la misma no se revela quiénes serán sus sucesores, cargos que deberán ser designados por el Ministerio de Fomento.
Motivos personales
En su cuenta oficial de Twitter, Vargas confirmó ayer que ha presentado su dimisión como presidente de AENA «por motivos personales».
El consejo de administración ha tomado también razón de la dimisión del copresidente de Barceló Hotels Group, Simón Pedro Barceló, como consejero de la cotizada y, en consecuencia, como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión Ejecutiva de la sociedad.
Simón Pedro Barceló señalaba ayer sobre su decisión: «Ha sido una experiencia muy positiva e interesante durante la etapa que he estado, pero los únicos motivos que hay para que renuncie al cargo son personales. Llevo tiempo asumiendo compromisos y era hora de dejar cargos, entre ellos los que ocupaba en AENA. No hay otra explicación, sino la de sobrecarga de trabajo y porque creo que he cumplido una etapa».
La dimisión de Vargas se produce después de que el consejo de administración sopesara una contra OPA por Abertis, que la compañía rechazó ante la negativa de ENAIRE, firma a través de la que el Estado controla el 51% del gestor de los aeropuertos españoles. La operación sí contaba con el visto bueno del fondo The Children Investment (TCI), segundo accionista con el 11,3 % del capital.
Vargas siempre fue un firme defensor de la internacionalización de la compañía, primer operador aeroportuario por volumen de pasajeros, y había reclamado un mayor grado de privatización para impulsar aún más la posición estratégica de la compañía.
En su última intervención en la junta de accionistas, Vargas reclamó un «rol más activo» ante el mercado global aeroportuario «por el interés de sus accionistas y por el beneficio que supondría para la economía española».