«¿Qué hemos adquirido? Dos maquetas, una que se devolvió y otra que no se sabe dónde está, un vídeo y un power point. Es la manifestación de una intención». La fiscal Laura Pellón defendió en su alegato final que la contratación de Santiago Calatrava sirvió solo a los «intereses electorales» del entonces president del Govern, Jaume Matas, y que careció de toda utilidad pública. Por ese motivo, defendió que el exministro debe abonar de forma íntegra los 1,2 millones de euros que cobró el arquitecto por el anteproyecto que, a su juicio carecía de cualquier interés, «no era nada». Enfrente, la defensa de Matas defendió el valor del proyecto y reclamó la libre absolución. El juicio quedó ayer visto para sentencia.
La Fiscalía y la Abogacía de la Comunitat reclaman un año de prisión para el expresident por delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Ambas acusaciones coinciden en señalar que Matas decidió de forma unilateral la contratación de Calatrava como un golpe de efecto en su campaña electoral y que le contrató de forma verbal y al margen de cualquier procedimiento. A partir de ahí, sostienen que se montó un «castillo de naipes administrativo» para vestir esa decisión. Las dos acusaciones coinciden en que se presionó a funcionarios para que emitieran dictámenes que justificaran el proceso.
Por su parte, el abogado de Matas, Josep Zaforteza, apuntó a que el president «no tuvo nada absolutamente que ver con la tramitación del expediente», que había delegado en el exconseller Francesc Fiol. También sostuvo que, a la hora de condenar por tráfico de influencias, «aquí falta gente»: «El Supremo admite que exista una cadena, pero aquí faltan muchos eslabones», dijo en referencia al resto de cargos públicos que intervinieron en el proceso. En todo caso, mantiene que Matas no decidió contratar a Calatrava de forma arbitraria sino que, a partir de una decisión política -remodelar la fachada marítima de Palma- se buscó a la persona más indicada. «Contrata al señor Calatrava para que haga un anteproyecto que no tiene nada que ver con el edificio de la ópera», indicó. De forma alternativa, reclama un atenuante muy cualificado por retrasos en la instrucción.