Un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios también hace hincapié, como también quedó reflejado tras el levantamiento del sumario del caso de corrupción policial, las presuntas «actividades ilícitas» llevadas a cabo por el Grupo Cursach desde la década de los 80.
Según explican, en una carpeta con la inscripción «confidencial» que fue localizada en un despacho de un comisario de la Policía Local y que les fue remitida -junto a abundante documentación- por la regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, se encontraron documentos que «dan una idea exacta de los métodos utilizados por Bartolomé Cursach en la gestión, mantenimiento y ampliación de sus negocios».
Los documentos fechados en el año 1987, detallan un entramado de presunta corrupción, con actuaciones indiciariamente «ilegales» realizadas por un agente de Policía Local como «detenciones discrecionales, siguiendo órdenes de quien identifica como Bartolomé Cursach».
Así, se llega a decir que Cursach, «no escatimaba recursos (dinero, mujeres, droga)» con la intención de crear o ampliar su «dominio empresarial» en la zona, para controlar el máximo número de locales y actividades de ocio posibles» y que se «propinaba palizas a aquellos no accedían a sus pretensiones».
Tal como se indica en este informe de más de 700 páginas, «la connivencia de tal proceder se extendía, al menos, a varios agentes y un cabo de la Policía Local, dos inspectores del Cuerpo Superior de Policía, un agente de Extranjería, que conocía perfectamente la forma en que debía actuar al respecto, gente 'comprada' en el Ministerio de trabajo y funcionarios de la Delegación de Gobierno encargados de tramitar expulsiones de extranjeros».