Nuevo varapalo al reglamento de la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción que dirige el inspector de Hacienda Jaume Far y que los grupos parlamentarios quieren modificar.
Esta vez, por parte del Ministerio de Hacienda. Son dos informes que han sido remitidos al Govern, con posterioridad al cambio de Gobierno, es decir que son de la etapa socialista. Ambos van en línea con las alegaciones que habían presentado otros órganos consultivos de las Islas y el propio Ejecutivo autónomo.
El primer informe del Ministerio de Hacienda incide en que aunque el reglamento faculte al director, o directora, de la Oficina Anticorrupción a acceder a información de cuentas bancarias «si así lo permite la legislación vigente», eso no es posible. Y señala: «A nuestro juicio, la comunicación de datos personales por parte de las entidades bancarias o crediticias previstas en este proyecto de reglamento no queda amparada por una ley y por lo tanto se debe requerir, por parte de dichas entidades, el consentimiento del interesado para dar solicitud a dicha comunicación».
El segundo informe atiende una cuestión organizativa, al modo en que se selecciona el personal y a las categorías. En líneas generales, lo que recoge este punto es que las categorías y los grados no se ajustan a lo establecido en la normativa básica.
Uno y otro punto ya habían sido cuestionados desde el Govern y así ha quedado recogido en las enmiendas que el PSIB ha presentado al reglamento y que tienen que ser discutidas en el Parlament.
La Sindicatura de Cuentas y el Consell Consultiu presentaron alegaciones contra el reglamento. También la Fiscalía puso objeciones a la Oficina y ningún representante de la misma acudió a la toma de posesión de Far, en enero.
Esta semana, el presidente del PP balear, Gabriel Company, señaló que si su partido gobierna en Balears después de las elecciones autonómicas, promoverá la supresión del organismo.