Los ciudadanos de Balears con un patrimonio –bienes materiales y dinero– superior al millón de euros no han parado de crecer en los últimos años, al igual que el patrimonio que poseen, como se aprecia en el gráfico adjunto. En cuatro años, entre 2012 y 2016, el patrimonio declarado al fisco de estos contribuyentes se ha incrementado en casi 5.000 millones de euros.
En 2016 (último año del que la Agencia Tributaria dispone de datos que, precisamente, hizo públicos a principios de este mes), 7.489 contribuyentes de las Islas presentaron el Impuesto de Patrimonio por un valor de 21.524,3 millones de euros. El número de declarantes se incrementó en más de un millar en comparación con 2012, lo que representa un aumento porcentual del 16,8 %, inferior al crecimiento del 28 % del patrimonio declarado (4.718,6 millones de euros).
Más fortuna
Esto significa que en las Islas no solo ha aumentado el número de contribuyentes con más bienes sino que algunos de estos declarantes han aumentado su patrimonio en los últimos años de recesión económica. Hay que recordar que las Islas empezaron a dejar atrás la crisis en 2013, año en que el producto Interior Bruto (PIB) cambió el signo negativo por el positivo, aunque a un ritmo muy moderado, según los informes de coyuntura del Govern. En cualquier caso, en 2016, la economía balear creció un 4,1 %.
Por su parte, el mercado laboral finalizó el año 2012 con una media de 87.544 personas sin empleo, una cifra aún muy elevada, si bien desde entonces ha evolucionado a la baja.
Estos datos ponen de manifiesto que pese a que el cuatrienio 2012-2016 la recuperación económica era aún muy incipiente, las fortunas más elevadas no disminuyeron, una tendencia que se ha repartido en prácticamente todas las comunidades. En el conjunto del Estado, el número de declarantes del Impuesto de Patrimonio creció un 14 % y el valor, un 22,5 %. En ambos casos, el incremento fue inferior al registrado en Balears.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas. Está cedido a las comunidades, que obtienen el total de la recaudación y se encargan de su gestión. Además, los gobiernos autonómicos pueden regular el mínimo exento, sus tarifas y deducciones. En las Islas pagan este tributo los residentes con un patrimonio superior al millón de euros y se trata de contribuyentes con patrimonio superior al mínimo exento de 700.000 euros y con vivienda habitual exenta hasta los 300.000 euros.
El importe medio declarado en 2016 en Balears fue de poco más de 2,8 millones de euros, por debajo de los casi 3,2 millones de media estatal.