El reglamento definitivo de la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción –que este miércoles se aprobó en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament– no se parecerá en nada al que había presentado su director, el exinspector de Hacienda Jaume Far.
El reglamento, fruto de un pacto entre el PSIB y el PP, un partido que ya ha expresado su voluntad de suprimir la oficina si gobierna, no recoge ninguna de las alegaciones que presentó Far y que, entre otras cuestiones, le permitía un funcionamiento prácticamente autónomo y la posibilidad de contratar directamente al personal.
Ahora, sólo podrá recurrir a personal funcionario de otras administraciones que se incorporarán a la oficina en comisión de servicios.
Podemos, el verdadero artífice de este proyecto, mostró su decepción por cómo había quedado el reglamento. Alberto Jarabo, portavoz del grupo parlamentario, entiende que el organismo pierde «independencia» y que queda lejos del objetivo con el que nació. Tanto la Sindicatura de Cuentas, como la Fiscalía cuestionaron en su momento algunas de la prerrogativas que se atribuía Jaume Far. Éste aseguró este miércoles que no se plantea renunciar. Su mandato no termina con el final de la legislatura, aunque dijo ser consciente de que el PP puede suprimirla si logra mayoría suficiente en las próximas elecciones.
Jaume Far tomó posesión de su cargo hace casi un año, que fue cuando se creó. Concretamente, el 16 de enero. Desde entonces, funciona sin personal y el propio director, que percibe un salario bruto anual de 95.000 euros, es el encargado de todos los trámites, incluido buscar una sede definitiva. Ahora ocupa un despacho provisional en un piso del Parlament al que se accede por una escalera interior que le aleja de las dependencias de los grupos políticos.
Far dijo este miércoles que después de la aprobación del reglamento podrá empezar a contratar personal. Espera que eso ocurra en enero o febrero. Contratará un máximo de seis personas en comisión de servicios.