El Govern contará con la colaboración de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para que acompañen a los trabajadores del Ibavi que tengan que echar a morosos sin justificación o a personas que hayan okupado los pisos propiedad del Govern. El Ejecutivo está decidido a recuperar el control de numerosos inmuebles cuyos inquilinos no pagan la cuota de forma intencionada.
No se actuará sobre aquellos inquilinos que no paguen porque se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, según precisan desde la Conselleria d'Habitatge i Mobilitat.
El Govern recurre a las fuerzas de seguridad para que acompañen a los trabajadores del Ibavi porque ha detectado dos problemas: hay un elevado número de inquilinos que no paga el alquiler pese a que dispone de recursos económicos para hacerlo y, lo que es más preocupante, ha comprobado la existencia de mafias que se dedican a la okupación ilegal de pisos, algunos de ellos del Ibavi. Estas mafias se hacen con el control de las viviendas y luego las alquilan para hacer negocio.
Las ayudas
Los agentes de las fuerzas de seguridad acompañarán a los trabajadores cuando tengan que ejecutar estos desahucios conflictivos y les ayudarán en las labores de identificación, acceso a la vivienda y lanzamiento en caso de conductos irregulares o usos ilegales de la vivienda. La colaboración se extiende más allá porque el Govern y la Policía y Guardia Civil colaborarán, además, en el intercambio de información para atajar este tipo de conductas.
Se trata de una nueva estrategia de colaboración que persigue un objetivo claro: echar a quienes abusan de su situación, a los caraduras que no pagan intencionadamente, para poder recuperar el uso de las viviendas y cubrir parte de la demanda que existe en estos momentos.
El Govern tiene casi 4.000 peticiones de viviendas sociales y tiene unos 600 inquilinos que acumulan problemas de pago. El Ejecutivo precisa que las cifras de morosidad en el Ibavi no se han duplicado en los tres últimos años. Así lo explicó, por error, en una respuesta parlamentaria enviada a un diputado del PP. El Ejecutivo precisa que los datos que envió en su respuesta son un acumulado de los últimos doce años y no responden a la situación actual, como por error se indicaba en su respuesta parlamentaria a los ‘populares', según explican desde la Conselleria.
Contra el fraude
El Govern puso en marcha un plan contra la morosidad y el fraude en el Ibavi a partir de 2016, año en el que el porcentaje de morosidad llegaba casi al 23 por ciento del total. La cifra se redujo en 2017 y 2018 hasta situarse en torno al 17 por ciento, pero durante este año se ha producido un nuevo repunte hasta el 22 por ciento que el Govern atribuye a que se han producido pocos desahucios. El Ejecutivo espera poder revertir esta situación.
Por fin, con la cantidad de familias decentes que esperan una vivienda del IBAVI