La Fiscalía pide condenas de cárcel que suman 29 años de prisión contra los doce activistas que protagonizaron una protesta contra el turismo en el Port de Palma en el verano de 2017. Todos ellos están acusados de un delito de desórdenes públicos porque la Fiscalía entiende que la protesta incluyó actos de violencia. Contra ocho de ellos la petición de condena es de dos años de prisión. Tres más afrontan una reclamación de tres años, que ya implica ingreso obligado en la cárcel. La fiscal agrava la pena contra ellos porque tienen antecedentes por la «invasión» de la Conselleria d'Educació en el año 2013 por la que fueron condenados. Para una de las activistas la reclamación de pena se eleva hasta los cuatro años. A ésta se le aplica un tipo especialmente agravado porque, según la acusación pública, llevaba la cara tapada con una máscara.
La acción tuvo lugar el 22 de julio de 2017. Un grupo de jóvenes irrumpió en el restaurante Mar de Nudos del Moll Vell de Palma con bengalas y una pancarta con el eslogan ‘El turismo mata Mallorca'. Durante la protesta, los activistas entraron en la zona de la terraza del establecimiento y tiraron confeti. Ellos mismos difundieron lo ocurrido a través de vídeos en las redes sociales. La Policía Nacional identificó a algunos de los participantes en el lugar y, más tarde hizo un atestado en el que señalaba la identidad del resto de acusados.
Este informe fue cuestionado durante la instrucción por los investigados. De hecho, sólo tres de los encausados han reconocido su participación en la protesta y otros han aportado documentos para desmentir que estuvieran allí, incluso un tíquet de gasolinera de la Península del día de los hechos.
La fiscal se basa en los informes policiales y, en su escrito, descarta que se produjeran daños como consecuencia de la protesta. De hecho, no reclama ninguna responsabilidad civil para los doce acusados. Los responsables del restaurante en el que se produjo la protesta negaron que se hubieran producido destrozos en las instalaciones y rechazaron ejercer acciones civiles y penales contra los manifestantes. En las mismas fechas en las que se produjo la protesta de Palma se habían llevado a cabo otras similares en Barcelona. El único antecedente por delitos similar en los juzgados de las Islas fue el proceso contra 44 jóvenes por la manifestación que desembocó en 2012 en la invasión de la Conselleria d'Educació. En aquel caso, la Fiscalía pidió inicialmente penas de año y medio de cárcel para siete de los acusados y de seis meses para el resto. Fueron condenados a penas de multa.